La Cámara de Diputados despachó a tercer trámite la denominada Ley de Usurpaciones, desestimando la gran mayoría de las indicaciones del Gobierno.
La iniciativa, que regula la ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y establece mecanismos para su restitución, ya había sido aprobada en general el pasado 9 de agosto.
Sin embargo, debió esperar casi tres semanas para retomar su votación en particular para que la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara estudiara algunas materias que no dejaban conforme al Ejecutivo.
En el transcurso de este proceso, La Moneda incluyó distintas indicaciones. Entre ellas, una que buscaba revertir la legítima defensa privilegiada de los dueños de terrenos.
Esta es considerada por el oficialismo como una posibilidad de hacer justicia por mano propia a través de cualquier medio, incluyendo la contratación de terceras personas.
“Se le atribuye presunción legal para defender derechos de terceros causando cualquier tipo de daño. Es autotutela pura y simple”, señaló el diputado Raúl Leiva (PS).
Asimismo, el Tomás Hirsch (AH) sostuvo que “el Gobierno no puede dejar pasar, y que se convierta en ley, una cuestión que está totalmente reñida con el Estado de Derecho”.
Ley de Usurpaciones: el único triunfo del Gobierno
De todas las propuestas que realizó el Gobierno, la única que fue aprobada tiene relación con el Catastro Nacional de Campamentos.
Hasta ahora, el proyecto planteaba la imposibilidad de detener a quienes, habitando un terreno ocupado, se encuentren en el Catastro Nacional de Campamentos de 2022. Ante ello, el Ejecutivo logró extender esta condición hasta el 2024.
“No podrá ser detenida (…) la persona que estuviere imputada por alguno de los delitos descritos en los artículos 457, 458 o 458 bis del Código Penal si se encontrare ocupando un inmueble que forme parte de un campamento incluido en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vigente al 1 de marzo de 2024”, señala la única enmienda aprobada.
Asimismo, agrega que “entre la fecha de publicación de la presente ley y el 1 de marzo de 2024 regirá el Catastro Nacional de Campamentos vigente, para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior”.
La diputada Alejandra Placencia (PC) indicó que esta condición “es insuficiente, porque el registro más informal de campamentos, que son campamentos reales que se han establecido por falta de políticas de vivienda, no se ve reflejado en el Catastro Nacional de Campamentos”.
Por su parte, Andrés Longton (RN) dijo que su sector no estaba de acuerdo, ya que “el Gobierno va a poder incorporar campamentos que no estaban incorporados al 2022. Es poco claro, porque podía incorporar situaciones que, en definitiva, no estaban dentro de la categoría de campamentos”.
De cualquier modo, ahora le corresponderá al Senado revisar la iniciativa y, en caso de no concordar con la Cámara, se pasará a una Comisión Mixta para zanjar las discrepancias.