El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se decidió finalmente y presentó dos querellas criminales contra las fundaciones Democracia Viva y En Ti, luego de la sucesión de hechos que dan cuenta de un actuar aparentemente fraudulento por parte de ambas instituciones y sus representantes.
Y es que las organizaciones no gubernamentales alcanzaron una serie de contratos y convenios con el ministerio de Vivienda y Urbanismo, logrados vía trato directo. Proyectos que no se realizaron en su totalidad, o no cumplieron con las indicaciones fijadas para los mismos. Además, en el caso de Democracia Viva, se vieron involucrados los ahora exmilitantes de Revolución Democrática (partido oficialista) Daniel Andrade (represetante de la ONG) y Carlos Contreras, exseremi de Minvu en Antofagasta.
En sesión del Comité Penal realizada este jueves, el Consejo de Defensa del Estado resolvió presentar dos nuevas querellas criminales en las investigaciones seguidas por el Ministerio Público en contra de las fundaciones “Democracia Viva”, por convenios suscritos en la región de Antofagasta, y “En Ti”, en la región de Bío Bío.
Según el CDE en ambas casos sucedieron “hechos que dan cuenta de una serie de ilícitos, ya sea para la obtención fraudulenta de recursos fiscales, o de una administración desleal de los mismos”, provocando un perjuicio fiscal. Ello, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran identificar, acreditar y determinar en las indagatorias a cargo del órgano persecutor.
La decisión adoptada, agregaron desde el CDE, “se funda en los antecedentes que, a la fecha, se han tenido a la vista de las carpetas investigativas en cada caso, y que revelarían una serie de traspasos irregulares de dinero entre organismos estatales y las fundaciones señaladas”.
Respecto de “Democracia Viva”, el Comité fundó su decisión de interponer querella criminal, considerando, entre otros aspectos, que pese a que dicha fundación ostentaba un objeto social distinto al propósito para el cual debían contratarse servicios de construcción de obras de habitabilidad primaria, la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo suscribió con ella tres convenios, aun cuando carecía de experiencia en el rubro, así como de profesionales idóneos para ejecutar la labor encomendada.
Cabe destacar que los mencionados convenios con Democracia Viva fueron terminados unilateralmente por el Minvu, ministerio que instruyó la devolución del 92% de los fondos entregados, es decir $391 millones. De dicho monto, se han recuperado $294 millones, los que fueron requisados por la justicia, mientras que la fundación insiste en que es todo lo que deben restituir.
Respecto de la presentación de las querellas el presidente Raúl Letelier señaló que “como Consejo de Defensa del Estado comprendemos la relevancia que estos casos tienen para la ciudadanía, porque impactan la confianza pública en las instituciones y en la capacidad de funcionamiento del Estado”.
De igual manera, Letelier aseguró que han coordinado el trabajo “para el estudio de 37 investigaciones penales (que lleva adelante la Fiscalía) de las cuales tenemos conocimiento, evaluando de manera permanente los fundamentos y la oportunidad de nuestras actuaciones, lo que hoy nos permite arribar a la convicción jurídica de la existencia de delitos en relación con estas dos nuevas acciones, que se suman a la presentada hace unas semanas contra la Corporación Kimün, en Puerto Montt”.