Querellantes en el caso Democracia Viva acusan demora del Consejo de Defensa del Estado, que prepara una demanda para que restituya los 96 millones de pesos restantes luego del término de los convenios. La fundación presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta que espera información de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de esa ciudad.

11 días han pasado desde que terminó el plazo para que Democracia Viva restituyera los 391 millones de pesos que exige el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, luego de poner término a los tres convenios que tenía la fundación en Antofagasta.

Hasta el momento, solo se han recuperado un 75%, 294 millones de pesos que fueron embargados de su cuenta, de los fondos públicos que debe devolver Democracia Viva, liderada por el exmilitante de Revolución Democrática, Daniel Andrade.

En este escenario, es que el Consejo de Defensa del Estado afina los últimos detalles para presentar una demanda contra Democracia Viva para que restituya los 96 millones faltantes, y así recuperar la totalidad de los recursos, como lo han planteado los ministros de Vivienda y Justicia, Carlos Montes y Luis Cordero, respectivamente.

Democracia Viva

Para Pablo Toloza, abogado querellante en la causa en representación de la UDI, el Consejo de Defensa del Estado se ha demorado en presentar las acciones civiles correspondientes a recuperar los dineros.

“Me parece realmente impresentable que, a la fecha, aún no se haya interpuesto una acción civil en contra de Democracia Viva. De acuerdo a la liquidación señalada y establecida por el Minvu, esta fundación debe restituir, a lo menos, 391 millones de pesos. Cada día que pasa es más difícil aún recuperar esos fondos, fondos que pertenecen a todos los chilenos”, precisó el jurista.

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Monserrat Moya, abogada especialista en donaciones y organizaciones sin fines de lucro, asegura que en este caso existen antecedentes suficientes para la presentación de acciones judiciales.

“Ya existen suficientes antecedentes para comenzar a entablar acciones judiciales en contra de las fundaciones que no han reintegrado los fondos que se les han entregado, y que no han dado cumplimiento a los convenios”, manifestó Moya.

Agregando que “sin perjuicio de lo anterior, sería interesante poder revisar los convenios caso a caso, porque los contratos son ley para las partes”.

En tanto, el Consejo de Defensa del Estado, que definirá próximamente los pasos a seguir, también evalúa interponer nuevas medidas precautorias para recuperar fondos públicos entregados a las fundaciones EnRed en Valparaíso, y Arquiduc en O’Higgins.