En la primera sesión con visita de la Comisión Investigadora por el Caso Convenios, el exsubsecretario Segpres del gobierno anterior, Máximo Pavez, dijo que actualmente se optó por ‘relajar’ los criterios y tener menos información.
“Acá hay una falta de voluntad de hacer valer las herramientas jurídicas que el Estado tiene para efectuar el control interno (…) este gobierno prefirió tener menos información que más”, dijo.
Frente a eso, la actual subsecretaria Macarena Lobos descartó que exista relajo e indicó que más bien fue “un cambio en los criterios para poner el foco en lo que es la auditoria interna”.
Agregando que “el control financiero contable le compete a la Contraloría y, desde el punto de vista del mérito, le corresponde a la Dirección de Presupuestos”.
“Nosotros tenemos la convicción de que era imposible que, con ese nivel de reportabilidad (…) pudieran haberse detectado las irregularidades”, agregó.
La respuesta del contralor Jorge Bermúdez
Consultado por lo que se habló al interior de la Comisión Investigadora por el Caso Convenios, desde la Contraloría General de la República abordaron las dudas.
En ese sentido, el contralor Jorge Bermúdez indicó que “en todo Estado de Derecho, que es el que tenemos en nuestro país, hay tres líneas de control”.
En primer lugar, explicó, está el control que tienen que ejercer las propias jefaturas de cada servicio público. Es decir, la cuenta y el control que yo como contralor tengo que dar respecto de la propia Contraloría, por ejemplo, y el uso de los recursos”.
En segundo lugar, Bermúdez indicó que otro control está relacionado con las auditorías de Gobierno que “debería estar operativa y ese es el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Es un órgano que tiene que realizar su trabajo”.
Agregando que “la tercera línea de control es la que hace la Contraloría. Por lo tanto, esa es la forma en que está articulado el control y que debería operar”.
Respecto a si el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno debe ser fiscalizada por la Contraloría, el contralor Bermúdez comentó que la designación corresponde a una resolución o un decreto supremo.
“Eso pasa por la Contraloría si es que viene firmado por un ministro o por el Presidente”, agregó.
Finalmente, comentó que “habría que preguntarse por qué no se le ha dado rango legal al Consejo de Auditoría Interna de Gobierno”.
“Ha pasado muchísimo tiempo desde que se crea como una asesoría simplemente, pero como el nombre lo indica, lo que puede realizar son auditorías y, por lo tanto, se puede controlar y fiscalizar cómo se están usando los recursos y cómo se están destinando”, concluyó Bermúdez.