Durante esta jornada de lunes comenzó la primera sesión -con visitas- de la Comisión Investigadora por el conocido Caso Convenios. Recordemos que, en este contexto, hay dos decisiones del Gobierno que están en cuestionamiento.
Por un lado, la determinación de la Dirección de Presupuestos (Dipres) de flexibilizar los criterios para la entrega de recursos, aunque se ha precisado que la intención fue agilizar la distribución de recursos.
Por otro lado, la decisión del Consejo de Auditoría General de Gobierno de instruir que no se reporten -con fecha 24 de junio- cuentas corrientes, transferencias, sumarios, conflictos de interés, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
La alocución del exsubsecretario Pavez
En la instancia, expuso además el exsubsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez, quien aseguró que el actual gobierno “de manera negligente relajó los estándares de control”, agregando que “el Presidente de la República se demoró 11 meses en dictar los objetivos gubernamentales de auditoría”.
Haciendo una comparación con el gobierno anterior, Pavez dijo que dicha realización hubiese permitido “determinar que existen 426 millones de pesos sin rendir y por supuesto, aquellas rendiciones que no correspondían a circunstancias vinculadas a los convenios”.
“Acá hay una falta de voluntad de hacer valer las herramientas jurídicas que el Estado tiene para efectuar el control interno (…) este gobierno prefirió tener menos información que más”, agregó.
Agregando que “existe un correo electrónico en que un funcionario que no es el auditor de gobierno, que no es el subsecretario de la Segpres, ordena deliberadamente no informar determinados ítems”.
“Es evidente que los estándares de control están relajados y eso nos parece que es un problema (…) si era posible determinar que habían cerca de 500 millones de pesos, que estaban con rendiciones atrasadas, que estaban con saldos por rendir, porque todo eso se hace de acuerdo a los instructivos de la Constitución”, concluyó.
La explicación de la subsecretaria Lobos
Desde el Gobierno, la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, respondió. En ese sentido, dijo que “no es un relajo de los criterios, sino un cambio de criterio para poner el foco en lo que realmente la auditoría interna”.
“Tenemos la convicción de que, dada el carácter agregado de la reportabilidad de los elementos financieros contables, era imposible que -con ese nivel de reportabilidad que solo entregaba si se habían rendido o no los recursos transferidos- pudieran haberse detectado las ilegalidades”, dijo Lobos.
Consultada por si se ha sesionado, o no, la subsecretaria respondió que “en cuanto a los consejeros, este no ha funcionado producto de una auditoría formulada por la Contraloría que estableció conflictos de interés respecto de anteriores consejeros”.
Aún así, agregó que dicho decreto actualmente está en toma de razón de la Contraloría y destacó que, desde el punto de vista operativo, el Consejo de Auditoría ha funcionado de manera completa.
“Ni uno ni otro criterio está funcionando”
Para el diputado Raúl Soto (PPD) ninguno de los criterios, ni el del gobierno anterior ni el del actual, está funcionando.
“Mi impresión claramente es que ni uno ni otro están funcionando por sí solo y me parece que lo más razonable es llegar a la conclusión de que a lo menos, a lo menos, hay que complementar ambos criterios”.
Agregando que le solicitó a la actual administración del Presidente Boric “evaluar la posibilidad de reincorporar los criterios de reporte para contar con esa información más allá del debate de su utilidad o no”.
Aún así, comentó que al mismo tiempo le expresó con claridad al exsubsecretario Pavez que durante el gobierno anterior también “les faltó la parte de la auditoría interna y el complemento que eso puede entregar”.
“O hay que buscar un nuevo criterio o hay que complementar ambos criterios para que la auditoría de verdad funcione, esto tenga control, tenga fiscalización y se pueda levantar las alertas de manera oportuna para que se denuncien las irregularidades”, agregó Soto.