Juan Pablo y Fabián son dos ciudadanos chilenos muy similares.

Uno vive en Puente Alto y el segundo, en Tomé. Ambos inician su día a las 5:30 de la mañana para tomar dos transportes con los que recorren los casi 30 kilómetros que los separan de sus trabajos, en Providencia y Concepción. Al finalizar el día, repiten el camino para regresar a sus hogares cuando ya reina la oscuridad.

Pero parafraseando a George Orwell, todos somos iguales… aunque algunos más iguales que otros.

Fabián debe tomar un taxi colectivo que lo baja de los cerros y después un bus para ir hasta la capital regional. Serán 500 y 750 pesos respectivamente -a tener siempre en efectivo- que para fin de mes se convierten en pesados $50.000 que descontar de su sueldo.

Juan Pablo es más afortunado. Cuando exhibe el código QR en su teléfono, el sistema electrónico le informa que su gasto en transporte ya alcanzó el tope de 38.000 pesos, por lo que en adelante, el resto de sus viajes en el mes serán gratis e ilimitados.

“¿Qué?”, puede que te estés preguntando. ¿Cuándo ocurrió esto? El anuncio pasó casi inadvertido debido al intempestivo cambio de gabinete este miércoles. Mientras se aplaudía a los nuevos ministros, el Gobierno informaba que para paliar el alza de 10 pesos en el transporte público (tras 4 años de congelamiento), a partir del 1 de septiembre ningún santiaguino pagará más de 38.000 pesos al desplazarse usando buses, metro o trenes de cercanías.

“No somos lo mismo que Santiago”

Como resulta difícil entender las razones para privilegiar a los 8 millones de habitantes de Santiago por sobre los 10 millones de habitantes de regiones, nos dirigimos a nuestras autoridades locales buscando respuestas.

En un evidente signo de su preocupación, la Delegación Presidencial del Bío Bío nos indicó rápidamente que no era asunto de ellos, y que lo viéramos con la Seremi de Transporte.

(Por algo son una “delegación”).

Esta cartera en tanto, aclaró que “no existe novedad por el momento. Las tarifas continúan igual en el transporte regulado. Se informará oportunamente cualquier cambio”.

Insistiendo sobre el tema, se nos recordó que se está trabajando en los incentivos para el transporte de adultos mayores, y que ahora la castigada comuna de Santa Juana contará con buses licitados que se traducirán en una baja del pasaje para adultos mayores y niños hasta 7 años, y donde alumnos de básica no pagan.

“Pero cada regulación es diferente. No somos lo mismo que Santiago”, advierten.

Eso queda claro.

“Una discriminación hacia quienes vivimos en regiones”

Desde la vereda del frente, los parlamentarios de oposición clamaron contra la medida con la justa indignación que no tuvieron durante el gobierno anterior.

El senador Sebastián Keitel (Evópoli), en veloz paso por la zona, advirtió que la situación es inaceptable y que se opondrán a la medida en la discusión de presupuesto si no se corrige la disparidad con regiones.

“El Gobierno se llena la boca hablando de descentralización, pero sigue dejando a las regiones para el final, discriminando a chilenas y chilenos de zonas rurales y alejadas que deben subsidiar año tras a año las altas tasas de evasión y ahora más encima, el alza del Transantiago”, afirmó.

La diputada Marlene Pérez (Independiente pro-UDI) coincide en que bloquearán la partida presupuestaria 2024 si el Gobierno no corrige esta anomalía.

“¿Hasta cuándo los habitantes de Chile vamos a subsidiar el transporte público en Santiago? Esto es una verdadera discriminación en contra de quienes vivimos en regiones. Este plan que anuncia el Gobierno de un ‘Monto Máximo Mensual’ para el transporte público metropolitano deja fuera a las regiones y eso no lo podemos permitir”, vindicó.

Por su parte, la diputada Flor Weisse (UDI), se sumó a sus colegas.

“Requerimos una igualdad de trato entre la Región Metropolitana y las regiones del país. Hoy eso no está ocurriendo. Ya es hora de que se piense en las regiones, en la igualdad. Hoy día, el trato equitativo en temas de transporte público, no lo vemos”.

En algo más sorpresivo -o tal vez no- el diputado oficialista, Eric Aedo (DC), calificó de escandalosa la medida del gobierno, y aseguró que pelearán porque este beneficio se extienda a regiones.

“Es escandaloso, es indignante como, cuando se trata de los santiaguinos, los ministros corren y le resuelven los problemas de transporte. Para los habitantes de regiones no existe esa misma justicia. Vamos a dar la lucha para que ese subsidio también llegue a la región del Bío Bío y la gente no siga pagando los casi 60 mil pesos mensuales con que viajan. Si hay gratuidad de al menos una semana al mes para los habitantes de la región metropolitana, entonces debe ser lo mismo para la región del Bío Bío”, aseveró.

Sin referirse específicamente al tema, el diputado Gastón Saavedra (PS) abogó por un mayor gasto e inversión del Gobierno en el transporte de las regiones.

“Hoy estamos postergados. En innovación tecnológica, en procesos de inversión para el mejoramiento del servicio y la calidad de los buses, sobre todo para los habitantes de zonas rurales. Hay que hacer un gran esfuerzo del Gobierno central por traspasar más profesionales a la Seremi de transportes, que sabemos que está muy restringida, y un mayor grado de contratación de profesionales para resolver estos problemas”.

Finalmente la diputada Joanna Pérez (exDC), también advirtió un veto a las partidas presupuestarias de transporte si no se corrige la discriminación hacia el resto del país.

“El Gobierno está en deuda en materia de transporte público con las regiones. No tenemos el apoyo que está teniendo Santiago con estos incentivos de transporte liberado, que en regiones no se da. El llamado es al Gobierno y al ministro de Transporte a corregirlo, de lo contrario vamos a rechazar muchas partidas de en la ley de presupuesto si no equilibran una propuesta que haga sentido a las personas que viven en provincia”, espetó.

¿Qué podemos hacer?

Si vives en regiones y te sientes afectado por esta medida, escribe o contacta a tus autoridades locales para expresarles la necesidad de vivir en igualdad de condiciones con los habitantes de Santiago. De disponer de las mismas oportunidades y beneficios.

Porque, ¿de qué sirve que un Presidente nos recuerde su regionalismo escalando su árbol de infancia en Magallanes, si a la hora de velar por su calidad de vida olvida a sus propios conciudadanos?

¿O de qué sirve haber apoyado un borrador de Constitución que establecía verdaderos gobiernos regionales cuando, a la hora de cumplir la promesa electoral de eliminar a los delegados presidenciales, se recurre al artilugio de cambiarles el nombre por “jefes regionales”?

Para una coalición oficialista cuyo foco ha estado en el loable propósito de eliminar todo tipo de discriminación, recordar que el lugar donde se vive no nos convierte en ciudadanos de primera y segunda categoría, sería un buen punto de partida.