La recién nombrada ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, arrastra un lío judicial con la Municipalidad de Providencia, según se reveló tras su llegada al Gobierno.
Se trata de una demanda en contra de su empresa, Arredondo y Guzmán Limitada, la que se adjudicó un contrato para capacitar a vecinos en temas de reciclaje en diciembre de 2019, por $30 millones, a través de una licitación.
Cabe consignar que la flamante secretaria de Estado se habría desvinculado de la empresa desde hace un año y medio.
Como antecedente, Arredondo y Guzmán Limitada ha realizado otros trabajos con distintas municipalidades, como Romeral, Valdivia, Temuco y el Gobierno Regional de Antofagasta, según publica el matutino.
Según explicó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en su cuenta en Twitter “detectamos inconvenientes en rendición de gastos y dimos término anticipado al contrato por exigirlo el bien público y aplicamos sumarios que terminaron en sanción”.
No obstante, la empresa de Arredondo emprendió acciones judiciales, por lo que el caso aún está en tribunales.
Al respecto, Matthei sostuvo en entrevista con Universo que “había que explicarle a los vecinos qué tipo de plástico, qué tipo de residuos efectivamente van al reciclaje y cuáles van a la basura. Esto fue licitación pública, a través de ChileCompra, y ellos se ganaron la licitación”.
Sin embargo, debido a la pandemia, no pudieron contactarse con las personas para desarrollar las capacitaciones, por lo que decidieron terminar anticipadamente el contrato, originándose un conflicto porque la empresa pidió la restitución de los gastos que habían ejecutado.
“Ella trató que nosotros le devolviéramos dineros que según ella ya habían gastado, pero a nosotros nos pareció que lo que ella estaba tratando de rendir era absolutamente fuera de lo que significaba el contrato”, señaló Matthei.
En particular, una de las compras cuestionadas fue una moto. “Quería que nosotros se lo pagáramos como parte de esta licitación”, afirmó la jefa edilicia de Providencia, asegurando que ante la negativa, la empresa de Arredondo los demandó.
De acuerdo a datos recabados por La Tercera, el municipio busca pagar poco más de 2 millones de pesos ($2.294.000) por los gastos que habría incurrido la empresa, algo que la firma rechaza.
Según el matutino, en la demanda de Arredondo y Guzmán Limitada contra la Municipalidad de Providencia apunta a la modificación unilateral de las condiciones, luego que se les pidiera hacer eventos más masivos y no solo por edificio, a lo que se sumó el intento de terminar el contrato por “mutuo acuerdo”.
Al respecto, desde el municipio apuntaron a la “necesidad de capacitar a la mayor cantidad de residentes de edificios de la comuna, en el entendido que durante los meses de enero y febrero la cantidad de vecinos que aprovecha la época estival”.
Cabe consignar que el Gobierno estaba al tanto de la situación, según reconoció la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, detallando que fue la propia titular del Ministerio de las Culturas quien les advirtió el tema.
“Al parecer prontamente se debería tener antecedentes de ese proceso, pero esto surge a través de una demanda que se hace por parte de la fundación, que se ganó una licitación y que se le puso término anticipado, habiendo ejecutado los gastos”, detalló.
“Es una acción donde la actual ministra, a través de esa fundación, fueron demandantes por un incumplimiento”, agregó Vallejo.