Pilar Matte Capdevila, hija del empresario nacional Eliodoro Matte, aceptó la suspensión condicional del procedimiento que ofreció el Ministerio Público en la causa de contrabando.
Así, Matte Capdevila tendrá que pagar poco más de 10 millones de pesos -por concepto de aranceles- y fijar domicilio.
Recordemos que todo se inició luego que Pilar Matte Capdevila declarara presuntamente mercancías por un valor inferior al que realmente llevaba. Tras esto, el Servicio Nacional de Aduanas presentó dos querellas en su contra.
Las querellas contra Matte Capdevila
En la primera acción, y tal como informó Radio Bío Bío, declaró que los productos que traía de Estados Unidos -pijama, set de copas, repisas para libros y tres anillos de oro comprados en Amazon- tenían un avalúo de 526 dólares.
Sin embargo, tras la fiscalización correspondiente, los funcionarios de aduana se percataron de que había mercancías de distinta naturaleza a las declaradas.
Entre ellas se registró una pulsera de oro amarillo con diamantes, un anillo de oro blanco con zafiro y un anillo de oro amarillo con diamantes blancos.
La segunda querella señala el ingreso de artículos para el hogar, trajes de baño y otros. El valor total de las mercancías que informó ascendió un poco más de 1 millón y medio de pesos.
Aún así, al inspeccionar la documentación de la carga, los funcionarios de aduanas se percataron que lo reportado no guardaba relación con el peso de la mercancía ni con la cantidad de las mismas.
Defensa de Matte expresa satisfacción tras cierre de investigación
A través de un comunicado de prensa, el abogado Cristián Muga -que representa a Pilar Matte- aseguró que están satisfechos por el término de la investigación.
“Nuestro interés fue siempre demostrar que en los hechos investigados hubo error por parte de nuestra representada y no así la intención de engañar, lo cual quedó plenamente establecido”, expresó Muga.
Agregando “la investigación del Ministerio Público concluye con la decisión del organismo de no seguir adelante con las indagaciones, mientras que la defensa se obligó a pagar los impuestos y aranceles generados por las mercancías en cuestión”.
“Con ello, se ponen las cosas en su lugar, porque siempre estuvimos disponibles para pagar los aranceles e impuestos, sin necesidad de que se tuviera que recurrir a una investigación penal”, se lee en el comunicado.
Finalmente, “el término de la investigación permite dejar atrás este episodio muy ingrato, con la convicción de la defensa de haber demostrado que jamás existió la intención de engañar al Servicio de Aduanas”, concluye Muga.