La Cuenta Pública fue un bocado que provocó acidez en el Colegio de Profesores. A pesar de los anuncios en educación, la idea de atar el pago de la deuda histórica a la reforma tributaria no fue fácil de digerir.
“Si fuera por mí, hay que convocar a paro nacional”, señaló al día siguiente Carlos Díaz, presidente del gremio, lo que no estaría lejos de concretarse la próxima semana.
Tras una movilización ascendente, que se extendió hasta por dos días, el Gobierno ya fue advertido: el paro puede ser total si no se da respuesta antes del 17 de agosto.
En caso de materializarse, se sumaría a una larga lista de preocupaciones que integran el control del orden público, la discusión de la reforma de pensiones y la reciente despedida del ministro Giorgio Jackson, entre otras.
“Si es que el Colegio de Profesores consigue convocar a un número alto de docentes y de gremios, probablemente se pueda transformar en una bomba para La Moneda”, señala Mario Herrera, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca.
Hasta ahora, los gremios tradicionales habían mantenido una relación fluida con el Ejecutivo. La muestra está en la aprobación de proyectos como las 40 horas y el salario mínimo de $500 mil. Sin embargo, algunas piezas del puzle no terminan de encajar.
¿Obstinación de algunos sectores o promesas de campaña demasiado elevadas? Quizá, como ocurre en las pruebas, a) y b) son correctas.
De cualquier modo, si los docentes deciden tomar el camino de la paralización, tendrán a uno de los suyos como contraparte: el profesor Marco Antonio Ávila, quien sucedió a una serie de abogados, asistentes sociales e ingenieros en el cargo.
Una “mezcla explosiva” en La Moneda
Repartió apretones de manos y abrazos. Tras el rechazo de la acusación constitucional en su contra, impulsada por las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz, el rostro del ministro Ávila sólo demostraba felicidad.
El titular de Educación ya había sobrevivido al cambio de gabinete del 10 de marzo, luego de posicionarse entre los candidatos a dejar La Moneda, y cuatro meses más tarde se aferraba nuevamente a su puesto.
A pesar de este instante de celebración, un flanco del Mineduc ya era desafiado por el Colegio de Profesores: el paro ascendente iba de todos modos a la vuelta de vacaciones.
Una lista de ocho puntos había sido enviada 26 días atrás a la oficina ubicada en la Alameda 1371. La reparación de la deuda histórica, un plan para enfrentar la violencia escolar y el pago de los bonos de retiro atrasados eran las demandas que encabezaban el documento.
Si bien el tema no copó la agenda producto de los escandalosos convenios investigados por la Fiscalía, esta semana será el plazo límite para alcanzar acuerdo o abrir paso a una movilización indefinida.
“Fue el Presidente quien se comprometió con nosotros cuando era candidato. Él marchó con nosotros cuando era líder estudiantil y diputado”, sostiene Carlos Díaz, timonel del órgano colegiado.
Además, afirma que “por la efervescencia que hemos visto, podríamos llegar a una adhesión del 90%, lo que significaría un serio problema para el sistema en general”.
Desde el Ministerio de Educación están confiados en pactar mínimos comunes de aquí al 17 de agosto, pero el Colegio de Profesores no da su brazo a torcer. “En todos los puntos son insuficientes las respuestas que nos han entregado”, apunta Díaz.
De acuerdo a Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, se podría producir una “mezcla explosiva” al combinar este paro con los demás contratiempos del Gobierno.
“Cuando se tienen muchos flancos abiertos, como ocurre con la actual administración, se generan incentivos para que estos movimientos sociales busquen conseguir beneficios”, asegura.
Por otra parte, recuerda que en noviembre se realizarán las elecciones internas del gremio, por lo que los liderazgos intentarán validarse de cara a este proceso.
“Quizá el Gobierno fue ambicioso”
“Repararemos la deuda histórica con el profesorado de Chile, partiendo durante el primer año de gobierno por las y los docentes de mayor edad, para terminar beneficiando a un total de casi 60.000 docentes afectados al final de nuestro mandato”, se puede leer en el programa de Gabriel Boric.
No obstante, el Presidente reconoció el 1 de junio pasado que “el Estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esa reparación”, por lo que se requiere de la reforma tributaria.
La diputada Mónica Arce (IND-PPD), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, tilda de “agotador” escuchar que todas las demandas sociales se resolverán con esta iniciativa.
“No puede ser que sea tan milagrosa o que venga a resolver todos los problemas. Quizá el Gobierno fue ambicioso, porque hay promesas de campaña que hoy están retrocediendo”, indica.
Otros compromisos del jefe de Estado fueron aumentar la eficiencia de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), resolver las dificultades en la implementación de las leyes de incentivo al retiro y poner término a la doble evaluación docente.
Algunas de estas materias han tenido avances, pero Ruth Arce, directora de Pedagogía Media de la Universidad Diego Portales, observa que “nos entrampamos en las expectativas que tiene cada uno. Es difícil resolver en cuatro años lo que se viene arrastrando por décadas”.
Asimismo, opina que la eventual paralización tenderá a complejizar aún más el diálogo. “No coloca el foco en la problemática más importante de este momento, que es cómo recuperamos los aprendizajes de los estudiantes”, explica.
Independiente de aquello, las cartas ya están echadas. La actual administración no ha debido enfrentar grandes movilizaciones, salvo la de los camioneros en noviembre de 2022, por lo que este podría convertirse en uno de los momentos más tensos para el Gobierno.
“Uno de los desafíos que tenía su gobierno era cómo iba a manejar la relación entre la manifestación y el control del orden público. Si este paro de los profesores se alarga, podría enfrentar dificultades en torno a eso”, considera el analista Mario Herrera.
Ministro Ávila: “Sociable, pero poco práctico”
Uno de los actores protagónicos de este drama es el titular del Mineduc, Marco Antonio Ávila, quien llegó con sus credenciales de profesor de castellano y magíster en Educación.
De hecho, es el primer docente de profesión en ocupar el cargo desde Yasna Provoste (DC), quien ejerció entre 2006 y 2008 bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, su historia no terminó de la mejor forma, ya que fue removida tras aprobarse una acusación constitucional en su contra.
Quienes conocen al militante de Revolución Democrática lo catalogan como sociable y dialogante. De igual modo, elogian su amplia trayectoria en el mundo educacional.
“El Mineduc es de puertas abiertas. El ministro es muy dialogante y está siempre disponible”, destaca la diputada Mónica Arce.
Pese a aquello, pide reforzar el tándem Educación-Hacienda para buscar soluciones a las demandas de los gremios. “En Hacienda siempre tenemos muchos topes y el ministro (Mario Marcel) no siempre llega a las reuniones. Ahí yo no puedo decir lo mismo”, señala.
En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, asevera que “hace mucho tiempo que no teníamos un ministro que supiera de educación, sobre todo en la administración anterior”. Eso sí, lo definió como “sociable, pero poco práctico”.
“Se da mucha vuelta para llegar a resolver un problema y el tiempo pasa. Es un poco lento en la capacidad de dar respuesta”, plantea.
Ahora, se le alabe o se le critique, lo cierto es que el secretario de Estado no cuenta con un historial de conflictos públicos. Quizá la única polémica que se recuerde es el encontrón con la diputada Viviana Delgado (IND), quien lo acusó de salirse de su rol y faltarle el respeto.
Todo se remonta al pasado 7 de marzo, cuando ambos intercambiaron palabras sobre la suspensión de clases en el liceo Reino de Dinamarca en Maipú. De acuerdo a la parlamentaria, Ávila subió el tono de la conversación y le aseguró que estaba cansado de que lo vapulearan.
“Le dije ‘no se está haciendo esto’ y no le gustó, pero era necesario. Él entendió que lo que quise hacer no era por ego político, sino porque había un problema que había que mejorar”, recuerda hoy la integrante del comité Radical, Liberal, DC y Amarillos.
Si bien este impasse generó un quiebre entre La Moneda y el Partido Ecologista, ya que Delgado pertenecía a esta fracción, ambas partes ya lo dieron por superado. Muestra de ello es que la congresista evita responsabilizar al ministro de los problemas que arrastra su cartera.
“Hay fallas, pero más que achacarle a él las fallas, se las achaco a un Estado que no ha estado presente. Hay que bajar las expectativas y hablar con honestidad. Yo creo que con el royalty minero lo primero que deberían haber hecho es preocuparse de la educación”, afirma.
El paralelismo entre Educación y Trabajo
Luego del robo a las dependencias de Desarrollo Social, parte de la oposición decidió restarse la mesa de pensiones que sostenía con el Ejecutivo. ¿El motivo? La permanencia del ahora exministro Giorgio Jackson, íntimo amigo de Gabriel Boric, quien decidió dar un paso al costado este viernes.
Tras esta dolorosa pérdida para el Gobierno, las miradas volverán a centrarse en una figura clave: la titular de Trabajo, Jeannette Jara, quien ya le ha sacado varias sonrisas al Presidente.
La militante comunista, quien llevó a su partido a esta cartera por primera vez desde el período de Salvador Allende, ha sido un factor decisivo en la negociación de proyectos como las 40 horas y el aumento del salario mínimo a $500 mil.
“Existe una relación histórica entre el PC y los gremios del sector. Como el ministro Ávila es de Revolución Democrática, no tiene esa estructura partidaria que lo apoye como en el caso de la ministra Jara”, comenta el académico Mario Herrera.
De todos modos, los profesores descartan que elementos partidarios influyan en su “gallito” con el Mineduc. “El propio ministro ha dicho que comparte muchas de nuestras peticiones. Es difícil que haya diferencias cuando sólo se está pidiendo lo que se prometió”, indica Carlos Díaz.
Una característica en común entre los rostros de Trabajo y Educación es que conocen el “lenguaje” de sus respectivos ministerios. Esto, en teoría, debería facilitar las conversaciones con los gremios tradicionales.
Por ejemplo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), David Acuña, destaca que Jara fue dirigenta sindical de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII).
“Somos contraparte del gobierno de turno, pero hemos tenido una buena relación con este. Además, la ministra es profesora y siempre termina las conversaciones enseñando”, expone.
En tanto, el vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Helmuth Griott, subraya que el Ministerio del Trabajo ha sido “particularmente proclive al diálogo”, lo mismo que se valora en Educación.
Lo que sí ha marcado diferencia es el debate político con la oposición. Marco Antonio Ávila zafó de una acusación constitucional hace 32 días, mientras que voces de Chile Vamos han ensalzado la figura de Jeannette Jara en distintas oportunidades.
Una de ellas pertenece al diputado Frank Sauerbaum (RN), miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara, quien ve en la ministra una posición “más pragmática que muchos de los que la rodean. La gente del Gobierno tiene una posición muy refundacional y yo veo que ella no la comparte”.
“Es una comunista militante, pero es muy agradable conversar con ella en lo humano, lo que facilita la posición. Es una cosa que no pasa con otros”, agrega el jefe de bancada de Renovación Nacional.
Por su parte, el secretario de Educación tendrá otra oportunidad esta semana para frenar el paro docente. La llave para aunar posiciones podría estar en los plazos ofrecidos, ya que desde ambas partes reconocen avances de fondo en las demandas. ¿Se podrá desactivar la “bomba” de los profesores? La respuesta se conocerá el jueves 17 de agosto.