Fiscalía inició la investigación, luego que se conociera que la Fundación Democracia Viva había logrado tres convenios por $426 millones que firmó con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
El Juzgado de Garantía Antofagasta excluye al Partido Revolución Democrática como querellante en causa que investiga convenios con fundaciones, por no tener domicilio en la jurisdicción.
Cabe recordar que la Fiscalía de Antofagasta abrió el 20 de junio una investigación de oficio por el millonario convenio de la Seremi de Vivienda con la ONG, Democracia Viva, una polémica que involucra a la diputada Catalina Pérez, aún militante de Revolución Democrática, su pareja Daniel Andrade y su exasesor Carlos Contreras, ambos expulsados de RD.
“La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió, de oficio, investigación respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos de su Programa de Asentamientos Precarios”, aseguró en su momento el Ministerio Público.
“La causa quedará asignada al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien buscará establecer si los hechos de los cuales la comunidad ha tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación, son o no constitutivos de delito”, añade el Ministerio Público.
La resolución de la justicia revierte lo resuelto el 29 de junio por el mismo Juzgado de Garantía de Antofagasta, quien el 29 de junio permitió a Revolución Democrática como querellante en el caso que lleva el Ministerio Público.
Polémica por Democracia Viva
Fiscalía inició la investigación, luego que se conociera que la Fundación Democracia Viva había logrado tres convenios por $426 millones que firmó con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Convenios que, a mediados de julio fueron terminados de manera unilateral por el Minvu, cartera que solicitó la reposición de los fondos no ejecutados (cerca de 390 millones de pesos)
Lo que más generó revuelo es que el representante legal de la organización es Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Asimismo, el exseremi Carlos Contreras -quien renunció tras conocerse el hecho- fue asesor de la parlamentaria durante su primer período en el Congreso.
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