Tras dos jornadas de intenso debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, la idea de legislar la denominada Ley de Usurpaciones, el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución, en medio de críticas de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El texto, en segundo trámite, establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades, según publica el sitio web de la Cámara.

Asimismo, modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, amplía el período de flagrancia y facilita la detención de los ocupantes.

Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación u ocupaciones, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.

Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.

Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de un sitio ocupado ilegalmente. Incorporando también restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.

Junto con ello, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.

Las críticas de Tohá al proyecto de ley de usurpaciones

Quienes rechazan el contenido de la norma objetaron la inclusión de la legítima defensa privilegiada de los propietarios y el concepto de flagrancia permanente.

Ello porque la autotutela permitiría hacer justicia por las propias manos, por lo tanto, llevaría a enfrentamientos.

Afirmaron además que el derecho a la propiedad no puede atentar contra la vida ni criminalizar la pobreza. Advirtieron que la norma, tal como está, representa una posible afectación a los campamentos regularizados o en vías de regularización. Por ello no se descartó recurrir, incluso, al Tribunal Constitucional.

Así lo señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien criticó la Ley de Usurpaciones, por “la posibilidad de legítima defensa del propietario y que se pueda ir a reivindicar por las propias manos un bien”.

“Eso significa que un bien que está tomado, por ejemplo, un mes, las personas pueden organizarse, armar un grupo, contratar unos tipos que vayan a pelear cuerpo a cuerpo por el terreno usurpado. Eso el Gobierno de Chile no lo va a permitir”, sentenció.

En tanto, quienes respaldaron el texto sostuvieron que otorga herramientas más eficaces para restablecer el derecho de las personas. Justificaron la mayor regulación para hacer frente a bandas criminales dedicadas a realizar ocupaciones para loteo irregular, o al narcotráfico.

En esa línea resaltaron el derecho de los ciudadanos de poder defender lo propio, cuando el Estado ha fracasado. Insistieron en la necesidad de implementar esta ley, sobre todo en La Araucanía.

Así lo apuntó, por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, quien indicó que “a nosotros nos han pedido los agricultores de la Región de La Araucanía, que apuremos este trámite”.

“Nos han enviado carta a los agricultores de Malleco para que efectivamente aprobemos tal cual como viene de la Comisión, tan necesario para la Región de La Araucanía como el proyecto de robo de madera que tampoco quería el gobierno, que hoy se ufana de que es una buena ley”, fustigó.

Cabe destacar que el Ejecutivo decidió retirar la urgencia a la tramitación del proyecto, para posibilitar los cambios necesarios.