La bancada del Partido Republicano en la Cámara anunció el ingreso de una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por el caso Convenios.
El diputado Benjamín Moreno, jefe de la bancada, detalló que se invocarán tres causales para acusar a Jackson, argumentando que el ministro habría puesto en riesgo el honor de la nación, habría infringido la Constitución y las leyes, y las habría dejado sin ejecución.
Moreno entregó detalles políticos por los que su sector decidió pasar a la ofensiva.
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En Chile Vamos, la UDI inmediatamente confirmó su apoyo al libelo acusatorio, señalando que además prestará apoyo jurídico para darle sustento al texto.
Al respecto se refirió el diputado y jefe de esa bancada, Guillermo Ramírez, mientras que el jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum, se cuadró con sus colegas de coalición, pero, al ser consultado sobre una renuncia voluntaria por parte de Jackson, o que el Presidente decida sacarlo del gabinete antes del ingreso de la acusación, el parlamentario matizó su declaración.
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Posteriormente, desde Evópoli publicaron en su cuenta de Twitter que apoyarán la AC contra Jackson.
“Nuestro partido adhiere a la Acusación Constitucional al ministro Giorgio Jackson. Hace días venimos haciendo presente la actitud inaceptable del Gobierno. No hay espacio para nada más que exigir responsabilidades ante hechos que lesionan tan gravemente la fe pública”, indicaron en la publicación.
Futuro de la acusación constitucional depende del “centro”
Ahora se viene la negociación política, y sin duda la derecha pondrá sus ojos en el centro, que en ocasiones anteriores ha apoyado acciones de este tipo, o han dejado en vilo su postura para negociar ciertas cosas.
El diputado del PDG, Rubén Oyarzo, se mostró sorprendido. Para él no fue la mejor estrategia de los republicanos, el salir a anunciar -de improviso- el ingreso de una acción de ese tipo, que no fue socializada previamente.
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En tanto, este martes se constituyó la comisión investigadora por estos traspasos, y no se descarta la solicitud de la derecha de enviar un cuestionario al propio Presidente Gabriel Boric, para definir si tiene vínculos con personas indagadas por estos polémicos convenios.