“Téngase por ampliada la querella criminal presentada por Cristián Araya y Juan Irarrázaval, en los términos que indica, y remítase a la Fiscalía Local del Ministerio Público para los fines legales pertinentes”.
Con esta respuesta, el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió el recurso presentado por los diputados del Partido Republicano, Cristián Araya y Juan Irarrázaval, quienes a través de un escrito ingresado a esa instancia judicial, pedían ampliar la querella por el denominado caso Democracia Viva, al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, y al jefe de Asesores de Presidencia, Miguel Crispi.
En la solicitud, los legisladores republicanos pidieron al Ministerio Público que “despache una ampliación de la orden de investigar a la BRIAC de la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que proceda a recopilar todos los antecedentes, documentales y testimoniales, sobre el hecho punible y su autoría, señalando expresamente que deben indagarse los hechos referidos en esta ampliación de querella”.
Adicionalmente, se requirió que “se disponga que el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones concurrir a las dependencias de la DIPRES y del Palacio de La Moneda, y a los domicilios de los querellados, a fin de proceder a incautar los computadores y teléfonos institucionales y de uso personal; y que se cite a declarar en calidad de imputados a Kenneth Giorgio Jackson Drago; Miguel Ernesto Crispi Serrano y Javiera Martínez Fariña”.
Diputados republicanos y ampliación de querella
Frente a la determinación del Juzgado de Garantía de Antofagasta, el diputado Cristián Araya manifestó que “nos parece muy importante que se haya dado curso a nuestro requerimiento, porque el país demanda que la justicia llegue hasta el fondo en este grave caso, en el que están comprometidos la fe pública y millonarios recursos públicos, que habrían sido obtenidos de forma irregular, mediante un mecanismo para defraudar al Fisco, y es muy relevante que se indague a todos quienes habrían participado o tengan vinculación con esos hechos”.
En tanto, Juan Irarrázaval indicó que “al acogerse este recurso, se podrá indagar eventuales responsabilidades legales de estas autoridades en los ilícitos que se investigan, porque hasta ahora el gobierno los ha blindado -recordemos la reacción del ministro de Justicia a esta querella- depositando la responsabilidad política de lo ocurrido en autoridades de segunda línea, como exseremis y exsubsecretarios. Como una señal de transparencia a la ciudadanía, se debe indagar a fondo, de manera que respondan todos quienes están involucrados en este lamentable episodio”.