Durante la tarde de este lunes se difinió a los 13 diputados que integrarán la Comisión Especial Investigadora (CEI) que asumirán la tarea de indagar las diferentes implicancias políticas que tiene, y puede alcanzar, el Caso Convenios.
El mencionado caso dice relación con el traspaso de fondos públicos desde ministerios y gobiernos regionales a fundaciones e instituciones privadas, en condiciones irregulares. Situación que hasta ahora mantiene 19 investigaciones de la Fiscalía, en 11 regiones y que involucran a 37 fundaciones.
Y los 13 diputados definidos para integrar la mencionada comisión son: diputados de oposición: Jose Miguel Castro y Juan Carlos Beltran (Renovación Nacional); Juan Antonio Coloma y Renzo Trisotti (Unión Demócrata Independiente); Chiara Barchiesi (Partiodo Republicano); Ruben Oyarzo (Partido de la Gende); Yovana Ahumada (ex PDG y actualmente parte del Comité Social Cristiano e Independientes) y Eric Aedo (Democracia Cristian).
En tanto que del oficialismo, integrarán la Comisión Especial Investigadora los diputados Mercedes Bulnes (Convergencia Social); Raul Soto (Partido por la Democracia); Daniel Manoucheri (Partido Socialista); Carolina Tello (Partido Comunista) y Ericka Ñanco (Revolución Democrática).
La Comisión Esepcial se conforma 52 días luego de que estallara el caso Convenios, cuando el medio de Antofagasta diera a conocer el reportaje “En dos meses: Fundación de pareja de la diputada Pérez (RD) se adjudicó $426 millones en convenios con Seremi de Vivienda de Antofagasta”, estallando uno de los escándalos políticos más importante de los últimos años.
En el intertanto, Renovación Nacional fueron los primeros en reunir las firmas para pedir la creación de una comisión investigadora, hecho que se dio el 29 de junio. El escrito especificaba que la CEI tendrá como objetivo reunir “antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con las transferencias de recursos realizadas por el Minvu, de sus Seremis, así como del Serviu en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para los años 2022 y 2023”.
Luego, y en el mismo día (3 de julio) tanto el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, y la bancada del Frente Amplio, cumplieron los requisitos para exigir la misma medida a la mesa de la Cámara.