Polémica generó la decisión que se tomó en junio de 2022 por parte del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno de “acotar” los reportes de transferencias, durante el paso del ministro Giorgio Jackson por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El nuevo criterio establecido, que según la auditora general de Gobierno, Daniella Caldana, fue por decreto presidencial, establece que cuestiones como transferencias a terceros, cuentas por cobrar, y conflictos de interés, entre otros, no debían ser reportadas al consejo para su fiscalización.
Según la autoridad, la instrucción presidencial se dio en el marco del buen uso de los recursos fiscales 2022, instancia en la cual se acotaron los requerimientos de información.
Al respecto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sostuvo que sin el cambio en los requerimientos, el caso Democracia Viva “podría haberse sabido más tempranamente”.
En este sentido, el senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Ética y Transparencia, Juan Luis Castro, calificó como “grave” que esta información se sepa ahora.
El parlamentario sostuvo que esto significa que no hubo un interés proactivo en materia de probidad.
Asimismo, en una entrevista con el Diario Financiero, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticó a la Auditoría General de Gobierno, señalando que tiene que ser profesional y contar con un cierto grado de autonomía.
En esa misma instancia, el jefe de la billetera fiscal señaló que hay un trabajo en conjunto con la Segpres para modificar el organismo y que exista una coordinación con la Contraloría General de la República.
Diputados RN pide sesión especial por reportes de transferencias
Ante la revelación, la Bancada de Renovación Nacional pidió al presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ricardo Cifuentes, una sesión especial.
Lo anterior, especialmente para “conocer los motivos que llevaron a implementar esta reducción de los controles que por años se fueron construyendo en la Administración del Estado y cuyo único objetivo era el bien uso de los recursos fiscales”, según se indicó.
Al respecto, el diputado y jefe de bancada, Frank Sauerbaum, señaló que “las malas decisiones del ministro Jackson y su ineptitud tiene inmerso al Gobierno en un caso de corrupción que ya se va extendiendo por diversos ministerios. Es hora que responda políticamente”.
“Las decisiones que tomó Jackson trajeron como consecuencia un relajo en las medidas de fiscalización y de auditoría interna, que permitieron que miles de millones de pesos terminaran en los bolsillos del Frente Amplio, y no en los bolsillos de los más pobres”, fustigó.
La diputada y subjefa de bancada, Marcia Raphael, en tanto, afirmó que llama “profundamente la atención que el Consejo de Auditoría dependiente del ministerio de Jackson (NDR: Segpres) haya ordenado que las transferencias no tenían que ser reportadas”.
“Después de tantas dudas e interrogantes, queda la sensación de que el Ejecutivo actuaba con cierta desidia en todo lo relacionado con la probidad y la transparencia”, puntualizó.
Para la sesión especial para abordar lo sucedido con los reportes de transferencias, por su parte, se está pidiendo que sean citados los ministros Giorgio Jackson, Álvaro Elizalde y Mario Marcel; además de la directora de Presupuestos y a la auditora general de Gobierno.