Hace casi 12 meses, el 9 de agosto del 2022, el presidente de la República, Gabriel Boric, participó de la segunda sesión del Foro para la Descentralización, que se desarrolló en Frutillar, a espalda del Lago Llanquihue.
En esa instancia, el mandatario destacó a la directora de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), por cambios que otorgaron mayor flexibilidad presupuestaria a los gobiernos regionales (GORE) en la Ley de Presupuestos 2023.
De acuerdo a la Dipres, estas modificaciones se realizaron para “fortalecer la capacidad ejecutora propia de los gobiernos regionales, de manera de que ellos mismos puedan llevar a cabo programas, además de facilitar la transferencia a entidades públicas”.
“La Ley de Presupuestos anterior había incentivos para transferir a instituciones privadas por sobre instituciones públicas”, agregan.
Un artículo de La Segunda vinculó estos cambios al actual escándalo de las fundaciones, indicando que Martínez disminuyó la “vara” para acceder a recursos púbicos.
Sin embargo, desde la Dirección de Presupuestos indicaron que “según los antecedentes públicos manejados, los convenios de gobiernos regionales investigados en Fiscalía que hemos analizado corresponden a recursos de la Ley de Presupuestos 2022”.
Cabe recordar que los presupuestos se tramitan durante el año anterior, por lo que la ley a la que se hace referencia fue elaborada por el gobierno de Sebastián Piñera en 2021.
Javiera Martínez (RD), directora de la Dipres
La encargada de llevar adelante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2023, tramitada en 2022, fue Javiera Martínez.
Esta última es militante del partido Revolución Democrática (RD), el más salpicado en todo el “Caso Convenios”, y amiga del ministro del mismo partido, Giorgio Jackson, y supuestamente expareja a Daniel Andrade (Democracia Viva), también expareja de la diputada Catalina Pérez, perteneciente, igualmente, a RD.
“Creo que el acuerdo que acaba de firmar la directora de Presupuesto (…) que ha hecho una tremenda pega y te felicito, Javiera (Martínez)“, dice el mandatario en un video que reflota aquel día de agosto del 2022.
De igual modo, el Presidente agradece a la Asociación de Gobernadores y destaca que el cambio celebrado “va a tener un impacto en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades”.
Todo en presencia y con aplausos del gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, quien habría transferido más de 4 mil millones a fundaciones en su región.
El video de Boric celebrando el cambio en las glosas
“Le agradezco mucho la Asociación de Gobernadores porque el poder dotar de autonomía presupuestaria, de que ya la glosa presupuestaria no dependa del Ministerio del Interior, sino que sea una glosa aparte de los Gobiernos Regionales y de flexibilidad para su ejecución, es algo que puede sonar muy administrativo, puede sonar algo como de manual de derecho medio árido, sin embargo, va a tener un impacto en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, de los pueblos, de las localidades que cada uno de nosotros representamos”.
Dudas de Espinoza (PS) sobre la Dipres
Los cambios de la Dipres en la Ley de Presupuestos 2023 no convencen al senador socialista Fidel Espinoza, quien incluso aseguró que Javiera Martínez era pareja de Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, cuando se tramitó esta iniciativa.
“Dicen, yo no tengo por qué involucrarme en la vida personal de nadie, pero que en aquel entonces ella era pareja de Daniel Andrade, el mismo señor involucrado en Democracia Viva“, mencionó.
“Entonces, yo me pregunto, ¿quién incidió? ¿O quién pudo haber incidido para que se flexibilizaran de tal forma los mecanismos para entregar plata directa a las fundaciones?”.
A pesar de ello, desde la Dipres aclaran que Martínez y Andrade no eran pareja en ese momento.
Fiscalía investiga rasgos comunes “evidentes” en traspasos a fundaciones
El senador Espinoza enfatizó la importancia de una investigación profunda por parte de la Fiscalía para determinar las responsabilidades y sancionar a quienes resulten implicados en este escándalo.
Justamente esto último es lo que investiga actualmente el Ministerio Público, acorde a lo explicado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien puntualizó detalles sobre las características comunes que han detectado en las fundaciones y corporaciones investigadas.
Señaló que esos convenios “se hicieron mediante contratos que no establecieron un conjunto de garantías o requisitos” como pagos parcializados o boletas de garantía.
También mencionó que “hay un desajuste entre los objetivos de estas instituciones” y “la experiencia de quiénes forman parte de sus equipos“.
Así las cosas, el Ángel Valencia afirmó que estos rasgos comunes son “evidentes” y justifican que se abran investigaciones y que los fiscales compartan experiencias y desarrollen actividades comunes.