Durante esta jornada el Senado presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en contra de la Comisión contra la Desinformación impulsada por el Gobierno.
Recordemos que ayer la Cámara Alta aprobó -con 18 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones– el proyecto que busca declarar la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 12, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
En el líbelo acusan que dicha Comisión “vulnera el principio constitucional de reserva legal y los preceptos constitucionales que la protegen”, además que “la Constitución asigna sólo al legislador la competencia para regular, complementar o limitar el ejercicio de derechos fundamentales”.
De igual forma, argumentan que “las leyes actualmente en vigor no contienen ni habilitación ni convocatoria alguna a la potestad reglamentaria para actuar en materia de desinformación”.
“La Constitución es estricta al reservar sólo al legislador la definición de cualquier clase de parámetro o pauta relativa a las libertades de expresión e información por vía de abusos”, agrega.
Asimismo, según lo presentado por el Senado, la Comisión contra la Desinformación “infringe la reserva legal, al otorgar atribuciones a una comisión administrativa para fijar parámetros de evaluación e identificación de abusos al ejercicio de la libertad de expresión, y de medición de su impacto en procesos democráticos”.
“Infringe las demás estrictas reservas legales (…) incluso la potestad Reglamentaria Autónoma está excluida de la regulación o limitación de derechos fundamentales. Art. 19 N° 26 CPR, CENC y TC”, añade el documento.
Revisa el requerimiento presentado por el Senado:
Oficialismo presenta “téngase presente” para defender Comisión contra la Desinformación
Por el contrario a lo anterior, las senadoras Yasna Provoste (DC), Claudia Pascual (PC), Loreto Carvajal (PPD), Paulina Vodanovic (PS) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD) presentaron un “téngase presente” ante el mismo TC.
A través del documento solicitan que éste sea integrado en la tramitación del requerimiento de inconstitucionalidad realizado “por una parte del Senado”.
Además, “que dicho requerimiento sea declarado inadmisible o desechado en todas sus partes” y, en caso de ser acogido, “podamos ser parte de dicho procedimiento de control”.
Lo anterior, para alegar en la causa y “oponernos de debida manera a sus fundamentos de hecho y de derecho”.