Durante esta jornada, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) respecto al proyecto de ley sobre delitos económicos y medioambientales.
Recordemos que, por el contrario a lo presentado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el TC visó el proyecto sin modificaciones ya que no infringe -en ningún aspecto- la Constitución.
En ese contexto, el ministro Cordero comentó que “se hizo habitual las presentaciones de ‘téngase presente’ como estos” y que, desde el punto de vista técnico “la presentación formulada era jurídicamente improcedente”.
Asimismo, destacó que “es la reforma más importante al Código Penal desde que se dictó, con una asesoría especializada de primer nivel” y en la que se escuchó a las agencias públicas y también al sector privado.
“Sólo implicó costos reputacionales” la solicitud del empresariado por delitos económicos y medioambientales
“A mí me parece que esta es una decisión que le corresponde evaluar tanto a la CPC como a la Sofofa, que su presentación sólo implicó costos reputacionales para ellos”, dijo a Radio Universo.
En esa línea, “el principal costo lo ha asumido el sector privado, y yo lo lamento” porque “tenían buenas razones para promover una legislación mucho más estricta”.
Lo anterior, considerando que este tipo de proyectos son “pensados para impedir que se utilicen conductas ilícitas” y “para aceptar la competencia en el mercado”.
“Es problemático, porque de tanto repetir, la verdad sea dicha, son palabras que se las lleva el viento. Uno no sabe distinguir en qué momento entonces ese impacto puede ser efectivo y en qué momentos entonces simplemente constituye un argumento de etiqueta”, sostuvo frente a la postura del empresariado.
Además, el secretario de Estado aseguró que “no es la primera vez que el sistema legal establece mecanismos de responsabilidad dependiendo de la posición del sujeto, y además, particularmente en el caso de los ejecutivos, no es la simple posición en la que se encuentra”.
Lo anterior porque “dada su posición, la participación activa en el delito (…) es razonable que usted pueda tener mecanismos agravantes calificados para personas que utilizando esas posiciones jerárquicas, participan activamente de los delitos”.
Finalmente, concluyó que parece complejo “argumentar ex ante bajo criterios que son fácilmente objetables, sólo considerando la legislación chilena de los últimos años”.