Durante las últimas jornadas, desde el Gobierno se han referido al caso vinculado a la cuestionada Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.
En primera instancia, fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien confirmó que la organización tendrá un plazo de 30 días para devolver los recursos públicos entregados tras la firma de convenios.
Ahora, fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien confirmó que la secretaría regional del Minvu -en Antofagasta- finalizó los acuerdos suscritos con la fundación representada legalmente por el exmilitante de Revolución Democrática, Daniel Andrade.
“La Seremi de la región de Antofagasta dictó una resolución que puso término anticipado al convenio de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos para habitabilidad primaria en Antofagasta por parte de la Fundación Democracia Viva”, dijo Montes.
Desde la misma región, recordemos, la Fiscalía ya trabaja para indagar si es que existen los delitos de tráfico de influencias, malversación de recursos públicos y fraude al Fisco.
Montes revela cuántos millones deberá restituir Democracia Viva
Además de lo anterior, el ministro Carlos Montes informó que Democracia Viva tendrá que devolver un monto total de 391 millones de pesos.
En ese sentido, existe una resolución que “ordena a Democracia Viva la restitución total o parcial según corresponda de los recursos transferidos en virtud del convenio aprobado”.
El dictamen referente a la destitución de los fondos públicos, establece -como se mencionó anteriormente- un plazo de 30 días que empiezan a correr a partir de hoy viernes.
Respecto al monto “corresponde al 92% del total transferido por la cartera, esto porque a la fecha de la liquidación los recursos correctamente rendidos, no observados y ejecutados por parte de la fundación alcanzan justamente un 8% del total”, dijo el secretario de Estado.
Agregando que “es parte de un conjunto de medidas que ha establecido el Gobierno y el Ministerio de Vivienda para efectos de proveer al Ministerio Público, a la Contraloría, al CDE de todos los antecedentes para poder determinar las irregularidades”.