A horas de la votación en Sala, el capítulo seis de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, referente a las licitaciones de colaciones JUNAEB, se roba toda la atención.

El ex Director de JUNAEB, Cristóbal Acevedo -primero en la comisión revisora y luego a través de una carta- aseguró que existía un contrato de 3 mil 500 millones de pesos para el que solo se entregaron 30 colaciones.

Esto sigue sin comprobarse. La tesis de Acevedo tiene un solo un antecedente real, hasta el momento: Que JUNAEB decidió cambiar el criterio de pago de las licitaciones, pasando de un 40 por ciento de pago fijo a las empresas, a un 60 por ciento.

Según documentos a los que tuvo acceso La Radio, aumentar el monto del pago fijo a las empresas es la forma que encontró JUNAEB para no tener que hacer sobrepagos por ración licitada y ayudar a mantener el flujo de caja de las empresas.

Esta es parte de la argumentación del Servicio: Habían al menos cinco empresas que cobraban entre 5 mil y 7 mil pesos por ración, en contratos celebrados en el último mes del gobierno de Sebastián Piñera, y esto es lo que este gobierno quería evitar: Hoy cuesta mil 93 pesos.

Veamos quién es quién. Delibest es una empresa internacional de alimentos con intereses en Chile. Dentro del consorcio de Delibest, se encuentran al menos cinco multirut, de los cuales tres se adjudicaron un contrato por casi 700 mil millones de pesos y el 80 por ciento de la licitación total de febrero del 2022.

Tomás Hirsch, diputado oficialista que integra la Comisión Revisora, dice que los cuestionamientos a JUNAEB en la acusación, parecen ser un interés comercial que tiene que resolverse en tribunales civiles.

Hirsch se refiere en su crítica a los abogados Carlos Gajardo -que fue jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y Juan Francisco Varela, que esta mañana se presentan invitados por Chile Vamos en la comisión y que este mismo año representaron legalmente a Merkén Spa.

¿De qué consorcio forma parte esta empresa? de Delibest, y de hecho, Gajardo y Varela han representado a Merkén en una reclamación judicial porque JUNAEB ya no permite la llamada ‘Unión Temporal de Empresas’. Parte del problema es la interpretación de contratos.

Pese a todos estos antecedentes, la oposición sigue firme en que hay datos reales de un mal uso de fondos públicos y que JUNAEB -y por tanto el ministro- son los reales responsables.

De hecho, el diputado RN Diego Schalper, comprometió que hoy entregarán información del caso y que al terminar el juicio político llevará esto a Contraloría y a la justicia.

Pese a que Hector Ulloa, diputado independiente-PPD que preside la Comisión Revisora, ha tratado de mantener un perfil ecuánime, preguntado por La Radio, asegura que existen posibilidades de que hayan intereses empresariales impulsando el capítulo, con intereses monopólicos.

Gloria Naveillán, diputada ex PDG y ex Republicana, dice que ‘no le ve por donde’ habría un interés empresarial, porque al aumentar el monto fijo del dinero recibido de un 40 al 60 por ciento, las empresas se están beneficiando.

Se nos olvidaba dar un momento a identificar, quién es Cristóbal Acevedo, que como invitado a la Acusación Constitucional, puso una bomba en medio de este juicio político.

Director de Junaeb entre los años 2015 y 2017, pasó a formar parte del directorio de Coval, empresa de servicios financieros que trabajó con la empresa de alimentos Savisa, empresa que a su vez es parte del Programa de Alimentación Escolar. Esta última, demandó a la Junta Nacional ante el Tribunal de Contratación Pública, por los resultados de la licitación 2023-2025, por un supuesto incumplimiento de las bases.

Esta trama se puso en el centro del intento por destituir a un ministro de Estado. El juicio político pasó de acusaciones de homofobia y el debate de la educación sexual, a una red empresarial por la que se mantienen sospechas, con una profundidad aún insospechada.