El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que los traspasos directos a fundaciones comenzaron en el Gobierno anterior, apuntando directamente a la administración de Sebastián Piñera.

Así lo aseguró este martes durante la sesión de la Comisión de Vivienda del Senado que realizó durante la mañana.

En la oportunidad, Montes aseveró que los traspasos directos desde el Ejecutivo a estas fundaciones comenzaron en 2019, durante el gobierno de Sebastián Piñera, sin concurso público, ni boletas de garantía.

Asimismo, apuntó que los montos que efectivamente han sido entregados bajo su administración, corresponden a los de 2023, mientras que antes de esa fecha corresponden a montos autorizados con la firma del exministro Felipe Ward.

De esta forma, según el ministro Montes, los distintos seremis, como el de Antofagasta, optaron por hacer estos convenios marco y entregar los recursos directamente a las fundaciones.

Es decir, si se busca la responsabilidad administrativa propiamente tal, no va a recaer sobre Montes, porque simplemente la firma ya estaba dada por la administración anterior.

“El programa de campamentos, que es el que nos convoca a discutir ahora, es el 2019-2021, que es una modalidad modalidad diferente a las anteriores”, señaló el ministro Montes.

“Lo que ocurrió es que hubo un incremento muy fuerte de las familias en campamentos, sobre todo del 2019 a 2022, que pasamos de 47 mil campamentos a 71 mil”, explicó.

En ese sentido, apuntó que “del total de los fondos de campamento hay un treinta por ciento del total que se dedica a las Fundaciones y Corporaciones, y un setenta por ciento va a municipios y el Serviu”.

A reglón seguido, reconoció que uno de los mayores problemas ha sido la rendición de los recursos por parte de los municipios.

“Entre el año 2019 y el 2023, suman 23 mil 382 millones de pesos”, explicó Montes.

“La institución que más recibe recursos públicos, es el Fosis, que para estos efectos opera como una entidad privada, con $4.089 millones. En segundo lugar, está Techo, en tercer lugar está Enlace Urbano, en cuarto lugar está Enred, y en quinto lugar está Urbanismo Social”, detalló.

“Urbanismo Social, dado que es parte de la polémica, recibe 1.741 millones, que es menos de la mitad de varias otras de las anteriores”, resaltó el titular del Minvu.

Montes apunta al Gobierno anterior en Caso Convenios

En la oportunidad, el ministro Montes reconoció que uno de los principales problemas ha sido la rendición de los recursos, apuntando a la burocracia del sistema que pasa tanto por el Serviu, como por las distintas Seremías.

“La rendición de los recursos de parte de las instituciones privadas o fundaciones y corporaciones, ha tenido diferentes dificultades. Algunas no han rendido nada, están atrasadísimos, otros han rendido todo”, dijo.

“En el caso específico de Democracia Viva, lo que está rendido y aprobado, es un 3%, pero lo que está rendido y en proceso, ellos dicen que en el caso de uno de los proyectos ya van en un 30%, o sea, cerca de 60 millones de dólares y en el caso del otro, tienen un 20%”, agregó.

Pero también, apuntó a que la práctica de que los Seremis firmen directamente convenios con traspasos directos comenzó en 2019, con una fundación que presidía el exsacerdote Felipe Berríos, que trabajaba en el campamento La Chimba de Antofagasta.

“Aquí hay una delegación de facultades del ministro a los seremis. La norma se establece en 2015 y la primera vez que se delega facultades es el 2019, que fue a la institución que presidía el padre Berríos y de ahí en adelante, todos los años se ha delegado facultades y se ha empezado a implementar con distintos tipos de programas”, enfatizó.

“El Gobierno anterior dejó totalmente programado el año 2022, o sea, todos los gastos que están en cuestión vienen del Gobierno anterior. Establece prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu”, puntualizó.

“¿Cuándo empieza el actual Gobierno a dar delegación? Recién el primero de enero de 2023. Y esto solamente se ha traducido en lo que va de este año en dos proyectos”, sentenció.

De todas maneras, Montes sostuvo que están investigando cómo se gestaron los convenios a través de trato directo.

“Primero, la licitación, porque dejaron de haber licitaciones, o sea, nunca lo hubo. En segundo lugar, no hay garantía, y en tercer lugar, como se determinan los costos del proyecto, que una cosa que estamos investigando”, concluyó.

“En general, a la conclusión a la que hemos llegado, que se aplicó lo que había para los municipios a las instituciones, hay una inercia y se mantiene un cierto padrón de comportamiento propio de lo que antes se aplicaba y que ahora se aplica también todavía con los municipios que ellos no tienen que tener garantía”, detalló.

Por último, reveló cómo se inició la polémica en Antofagasta. “Esta crisis se desencadena a partir de un conflicto entre gente de la Seremi y el Serviu de la región, una disputa de espacios de poder que al final produce todos los procesos de reclamo y ha permitido que todo esto salga adelante”, contó.

Respecto a la situación de la región del Maule, Montes admitió que “la situación es distinta”, ya que si bien “la situación está más ordenada”, hay inconsistencias entre las fechas que se firmó el convenio y la que entregó el seremi cuestionado por sus vínculos con la fundación Urbanismo Social.