La decisión del contralor ha generado diversas reacciones en el mundo político, pues recordemos que la suspensión de la “toma de razón” de los contratos entre fundaciones y el Estado, se realizó en base a los múltiples cuestionamientos que comenzaron a recibir las instituciones tras darse a conocer el caso de Democracia Viva.

Una de ellas fue la del senador de la UDI, Iván Moreira, quien aseguró que todas las fundaciones debiesen tener una ardua fiscalización, pero que lo que sí hay que dejar claro es que aquellas que lleven años cumpliendo funciones sociales no pueden tener el mismo trato de las que se forman en los distintos gobiernos, por ejemplo.

Mientras tanto el parlamentario socialista Daniel Manouchehri hizo énfasis en que se debiese aclarar el criterio que se utiliza para ver cuáles son las fundaciones que contribuyen a fines sociales y cuáles no.

Por otro lado el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, aseguró no estar de acuerdo con lo ordenado por la Contraloría, aunque señaló que si bien es cierto que a partir del caso de Democracia Viva se han puesto en duda distintas transferencias del gobierno central, regional o municipalidades, la forma de enfrentar la crisis tiene que ser abordada del punto de vista legislativo.