Entre $500 mil y $1 millón cobraba una organización transnacional por cada cédula de identidad nacional para extranjeros, para realizar un trámite que, formalmente, no supera los 4 mil pesos en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Así era el procedimiento de la banda criminal que fue desarticulada en la operación “Los Rodríguez”, con un amplio despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI) en las regiones de Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins.
Según informó el subprefecto Carlos Paz, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos La Serena, son extranjeros de nacionalidad venezolana y boliviana, que habían conformado una estructura para defraudar al Estado de Chile.
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580 cédulas de identidad temporarias para extranjeros y 22 permanencias definitivas para migrantes, fueron emitidas por el Registro Civil en la región de Coquimbo, mediante el uso de documentación falsificada que le proporcionaron al servicio a través de esta organización criminal.
Así lo establecieron los detectives de la Brigada de Delitos Económicos de La Serena en un trabajo integral y coordinado con el Ministerio Público, personal del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena con la Oficina de Análisis Criminal de la Prefectura Provincial Elqui.
El modus operandi de la organización criminal transnacional
El fiscal de Focos La Serena, Freddy Salinas, explicó que con esos documentos concurrían al registro civil para obtener cédulas provisorias y algunos casos estaban en etapas de obtener cédulas definitivas.
“Hay 3 formalizados, el líder en prisión preventiva, el segundo que era un captador de personas de nacionalidad extranjera, también en prisión preventiva”, dijo.
Agregando que “una tercera imputada que facilitaba su cuenta para la recaudación del dinero obtenido ilícitamente, también está en prisión preventiva por peligro de fuga”.
Ante el tribunal, el Ministerio Público formalizó los cargos contra los 3 imputados -entre los 34 y 45 años- que permanecían de manera irregular en Chile, aunque los antecedentes indican que contaban con su cédula nacional temporaria que también consiguieron vulnerando el sistema.
“Todos se encuentran imputados por asociación ilícita, lavado de activos, falsificación de instrumento público y por un delito de la Ley de Migraciones, en la obtención fraudulenta de cédula de identidad”, indicó el fiscal Salinas.
Aún así, la investigación continúa para analizar si los casi 600 usuarios de las cédulas de identidad tuvieron acceso a los beneficios, subsidios, ayuda social o financieras del Estado.
Dentro de los alcances de la investigación, los detectives siguen con el análisis para determinar e identificar si otros miembros componen esta estructura transnacional que provocó además de la defraudación, la pérdida de recursos multimillonarios para el país.