El senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, defendió a la subsecretaria de Vivienda por la asignación de recursos a la Fundación Democracia Viva.
Cabe recordar que esta organización, liderada por la pareja de la diputada Catalina Pérez, recibió un total de $426 millones tras la firma de tres convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
El hecho terminó con la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público y con la suspensión de Pérez en la mesa de la Cámara.
De acuerdo a El Mercurio, la Asociación de Funcionarios del Serviu alertó a las autoridades de la cartera sobre una incorrecta utilización de los recursos asignados.
La subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), recibió un correo electrónico con esta información a comienzos de mayo.
Latorre: “Ella puso la alerta en el ministerio”
En conversación con Radio Concierto, el senador Latorre señaló que la subsecretaria conversó sobre esto con el ministro Carlos Montes y su jefe de gabinete.
“Empieza a recabar información con el seremi y el problema es que la información que le fue entregando el seremi, lo que nos dice la subse, es que fue como parcial”, sostuvo.
Asimismo, agrega que “fue de a poco hasta que la cosa fue como creciendo en términos de los problemas vinculados con este convenio”.
“Ella puso la alerta en el ministerio con los distintos encargados. Fue recabando información y como que le fueron entregando información de a poco”, sostuvo Latorre.
Por otra parte, el senador indicó que Rojas comenzó a indagar si es que hubo un trato especial a Democracia Viva. “Nos explica que esto se viene dando hace cuatro, cinco años, este trato directo con fundaciones por montos muy altos”, dijo.
En ese sentido, asegura que la subsecretaria nunca ocultó la información recibida. “Lo conversa con todo el gabinete, incluido el ministro y la gente que toma decisiones en relación a estos temas”, manifestó.
Senador reconoce “pérdida de confianza pública”
En cuanto a la investigación de la Fiscalía de Antofagasta, el parlamentario aseveró que “es bueno que se haya abierto la arista legal, porque también era una pregunta que nosotros teníamos si es que aquí hay una ilegalidad”.
“Yo no tenía información sobre las actividades de esa fundación, porque no pertenece a Revolución Democrática. Eso fue una iniciativa de un grupo de personas, algunos militantes, otros no militantes y vincularon académicos”, añadió.
Finalmente, reconoció que “hay una dimensión ética de probidad, de pérdida de confianza pública por los vínculos de cercanía con la diputada”.