El fiscal jefe de la región de Antofagasta, Cristian Aguilar, confirmó que la Fiscalía dispuso la apertura una investigación de oficio para indagar sobre los polémicos convenios que firmó la Seremi de Vivienda regional con la Fundación Democracia Viva.
Esto para “realizar todas las diligencias pertinentes” y “definir si los hechos puestos en conocimiento del Ministerio Público resultan ser constitutivos de delito”.
En esa línea, Aguilar informó que dicha investigación estará a cargo la Bridec de la Policía de Investigaciones (PDI) y se solicitó información al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la Seremi de la cartera y a la Contraloría regional de Antofagasta.
Consultado por quiénes serán investigados, el fiscal respondió que “la institución y las personas que la conforman que tienen algún poder decisorio para los efectos de haber intervenido en la celebración de estos convenios”.
Sobre los delitos y las penas
En este caso, según aseguró el fiscal Aguilar, se investiga la eventual comisión de delitos como tráfico de influencia, malversación de caudales públicos o fraude al fisco.
Respecto a las penas, según dijo, en caso de existir los delitos mencionados anteriormente se arriesga privación de libertad que va desde los 541 días hasta los 10 años.
Aún así, destacó que están a la espera de recibir los antecedes para determinar si verdaderamente ha existido un delito y si es atribuible a una o más personas como autores cómplices o encubridores.
Denuncias y querellas
Respecto a las denuncias, el fiscal de Antofagasta comentó que muchas personas se han referido al tema, pero “no tenemos ninguna denuncia, ni ninguna querella relativa a estos hechos”.
Recordemos que durante este jueves la UDI presentó una querella, sin embargo Aguilar aclaró que, en primera instancia, se presenta ante el Juzgado de Garantía y desde ahí se remiten los antecedentes a Fiscalía.
Sin embargo, “hasta este momento no hemos recibido ninguna derivación de una querella (…) en el evento que así sea, se agregarán a la investigación ya iniciada”, dijo.
Finalmente, el fiscal Cristian Aguilar descartó haber tenido -hasta el momento- algún tipo de comunicación con el ministro Carlos Montes.