El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió al convenio que traspasó $426 millones a la Fundación Democracia Viva en Antofagasta.
El tema se convirtió en polémica, ya que el representante legal de la organización es la actual pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Asimismo, se conoció que el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, fue asesor de la parlamentaria durante su primer período en el Congreso.
Ante ello, el Gobierno envió un equipo para investigar los antecedentes del caso, el cual estará liderado por la directora de Finanzas del Ministerio de Vivienda.
Montes: “No tenemos antecedentes de irregularidades”
El ministro Montes detalló que los $426 millones se dividen en tres convenios y que se están evaluando en terreno los avances.
“Un proyecto de $170 millones para el campamento Irarrázaval Etapa I; el campamento Ecuachilepe, de $200 millones; y ocho campamentos que tienen un apoyo en capacitación y fortalecimiento de la capacidad comunitaria”, dijo.
En ese sentido, sostuvo que “se está viendo cuánto se ha avanzado, cuántas obras de habilitación hay, porque hay distintas inversiones y queremos ver qué se ha hecho”.
De acuerdo al secretario de Estado, hasta ahora se ha rendido un 3% del presupuesto, ya que “el gasto que se ha hecho del proyecto es bajo. ¿Cuánto es? No sabemos exactamente”.
Respecto a los plazos de la investigación, afirmó que “si queda lista hoy día, fantástico. Si no, jueves, viernes o puede requerirse más tiempo”.
“No tenemos antecedentes de irregularidades, lo que sí consideramos es que hubo un descriterio de asignar estos recursos de esta manera”, agregó.
Eso sí, aseveró que presentarán acciones ante el Ministerio Público si es que encuentran irregularidades.
No hubo licitación en entrega de $426 millones
Respecto al ámbito de acción de la Fundación Democracia Viva, Montes explicó que “tuvieron un trabajo bastante sistemático de formación en los tiempos del debate constitucional. Tienen una especialidad en temas de formación”.
“No tengo más antecedentes, no sé ni siquiera quiénes son todos los socios, porque es parte del informe que nos van a entregar”, añadió.
Por último, reconoció que en la adjudicación de los $426 millones no hubo un proceso de licitación.
“En esta línea de campamentos, desde el año 2018, no hay licitación. Aquí lo que se determina son las necesidades y, a partir de ahí, se ve el conjunto de instituciones en condiciones de llevarlas adelante”, expresó.
Finalmente, comentó que el Ministerio de Vivienda está buscando que el número de instituciones sea mayor para aumentar la competitividad.