Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó conformar una nueva Comisión Especial Investigadora, instancia que deberá reunir antecedentes relativos a los actos de Gobierno realizados por el Ministerio del Deporte y por el Instituto Nacional del Deporte (IND), relacionados con la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.
El objetivo será analizar el aumento desproporcionado de los recursos públicos destinados al evento, el retraso de las obras y el deficiente funcionamiento de la Corporación Santiago 2023, que forma parte integrante y directiva del ministerio.
La indagatoria parlamentaria se circunscribirá al período comprendido entre los años 2018-2023.
Al igual que otras instancias investigadoras, esta comisión podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional y deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 90 días.
Comisión investigadora por la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023
La petición de 69 legisladores recuerda que en 2017 se proyectó que toda la organización de los juegos Santiago 2023 implicaría una inversión pública cercana a los 200 millones de dólares. A mediados de 2018, la entonces ministra del Deporte, Pauline Kantor, señaló que la inversión superaría los 400 millones de dólares.
El año 2020 el Ministerio del Deporte anunció que el presupuesto total alcanzaría los 507 millones de dólares. La cifra, sin embargo, no contemplaba los recursos destinados para construir y habilitar la Villa Olímpica en Cerrillos. Esto representó un aumento de cerca del 153% respecto de la proyección de inversión inicial.
Los fundamentos resaltan que a partir de una deficiente gestión y oportunidad en las licitaciones, que incluyen sobreprecios de cada uno de los proyectos, el Estado de Chile ha debido desembolsar más de $30 mil millones de pesos adicionales.
El texto hace presente además que, en enero del presente año, por orden de la Contraloría General de la República, el IND debió iniciar un sumario interno. Su fin era indagar las razones por las cuales el instituto omitió o se abstuvo de ejercer la facultad de cursar multas a la empresa contratista De Vicente, a cargo de las obras del Parque Estadio Nacional. Las multas ascenderían a más de $1.600 millones de pesos.