El pasado sábado renunció el seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, luego de que se conociera de tres convenios que firmó con la Fundación Democracia Viva, vinculada a la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Se trata de Daniel Andrade, quien es el representante legal de la organización que firmó tres convenios que suman $426 millones de pesos y que se orientan a intervenciones para erradicar los campamentos en Antofagasta.
Sumado a lo anterior, también se conoció que el ahora exseremi del Minvu, Carlos Contreras, trabajó como asesor de la legisladora durante el 2020.
Al respecto, los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Juan Manuel Fuenzalida, afirmaron que “es evidente la relación e injerencia que existe entre estas tres personas” y pidieron una investigación a la Fiscalía.
El legislador Alessandri, afirmó que desde la bancada se van a reunir este lunes para analizar la situación y tomar acciones como colectividad.
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Mientras, parlamentarios del oficialismo valoraron la decisión de Catalina Pérez de presentar un oficio ante Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de los convenios suscritos.
El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, si bien apreció la decisión de la vicepresidenta de la Cámara, señaló que espera que la justicia se haga cargo de perseguir a los responsables.
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Desde la Directiva de Revolución Democrática, afirmaron que se presentó una solicitud de medida cautelar ante Tribunal Supremo del partido, con el fin de que sus militantes, Daniel Andrade y Carlos Contreras, entreguen todos los antecedentes pertinentes para resolver la investigación.