La autoridad hizo un llamado a todos los defensores penales de su jurisdicción que tuvieron audiencias con la hija del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, a revisar las decisiones que tomó la jueza.
La Defensoría Regional Metropolitana Sur pidió a sus funcionarios revisar las decisiones que tomó la jueza Graciel Muñoz Tapia, tras conocerse que resolvió audiencias de forma telemática desde Europa, según reveló un reportaje de Radio Bío Bío.
Si bien el teletrabajo para funcionarios judiciales fue normado, la situación de la jueza -hija del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz- podría vulnerar el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales, el que señala que los jueces están obligados a residir en la “ciudad o población donde tenga asiento el tribunal”.
Al respecto, la defensora regional sur metropolitana, Loreto Flores Tapia, enfatizó que no les corresponde controlar lo que sucede con los jueces.
“Tanto fiscales como defensores no tenemos la atribución para actuar como contralores de esta situación y tampoco podemos determinar, a través de la plataforma Zoom, desde qué lugar se encuentran tomando dichas audiencias”, explicó.
Asimismo, hizo un llamado a todos los defensores penales de su jurisdicción que tuvieron audiencias con la hija de Sergio Muñoz, a revisar las decisiones que tomó la jueza.
“Se indicará a cada defensor o defensora que pudiera haber tomado audiencia en esa época, que la eventualidad de considerar necesario, revisen las decisiones judiciales y ejerzan las gestiones que sean necesarias, en caso que sean contrarios a los intereses de nuestros representados”, sentenció.
Así también, Flores señaló que desconocían que la jueza Graciel Muñoz estaba fuera del territorio nacional dirigiendo audiencias.
“Como Defensoría Regional Metropolitana Sur, consideramos necesario aclarar que los defensores penales públicos no teníamos conocimiento de la situación informada en medios de comunicación sobre la jueza del duodécimo Juzgado de Garantía, Graciel Muñoz, en relación con la circunstancia que no se encontraría en el país al momento de dirigir algunas audiencias durante periodos del año 2021 y 2022”, sostuvo.
“Esta situación nos remarca la necesidad de retornar a la presencialidad por parte de todos los intervinientes del sistema penal, tal como la Defensoría Penal Pública ha instado hace meses a que ello ocurra”, apuntó.
“Como Defensoría Metropolitana Sur hemos retornado a las salas de audiencia acompañando a nuestros representados, de manera de garantizar los principios de presencialidad e inmediación que priman en el sistema penal”, resaltó Flores.
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