A fines de mayo, sectores de la oposición anunciaron una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

En primera instancia, el texto sería por “vulneración del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.

Esto, luego que se publicara una actualización al documento de orientación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno, el cual se hizo público a través de El Mercurio.

No obstante, pasaron los días y el argumento pareció diluirse. Esto, porque en la interna reconocen que se trata de una guía voluntaria y no vinculante, y que viene del Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Es por ello, que ahora los argumentos están enfocados en dos capítulos: deserción escolar y la no utilización de la Ley Aula Segura.

Este jueves un grupo de diputados oficialistas, de Apruebo Dignidad y del Partido Socialista, llegaron hasta La Moneda para respaldar a Ávila, señalando que los argumentos expuestos hasta ahora no demuestran ningún tipo de seriedad.

El miércoles rondó la idea de incorporar los hechos ocurridos en una escuela de Talcahuano, vinculados a un procedimiento médico que culminó en acusaciones de abuso sexual. Sin embargo, en la oposición sostienen que es un tema en evaluación, abriéndose a reconocer que es un tema que le compete al municipio.

Como sea, en el oficialismo han utilizado con fuerza el concepto “homofobia” para defender al ministro Ávila, tal como lo apuntó el socialista Leonardo Soto.

Al respecto, la diputada Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, descartó homofobia, señalando que hay otras causales que sustentan el texto acusatorio.

El diputado republicano, Stephan Schubert, por su parte, espera que el presidente Gabriel Boric le pida la renuncia a Ávila, antes de que se ingrese la acusación constitucional.

Por lo pronto, parlamentarios de la oposición apuntarán al centro político para adherir apoyo a la acusación constitucional.