Este miércoles el Juzgado de Garantía de San Fernando decretó la cautelar de prisión preventiva para el padre del senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya.

Se trata del hombre de 71 años identificado como Eduardo Macaya Zentilli, quien está imputado por el delito de abuso sexual reiterado en contra de cuatro menores de edad que son parte de su familia.

Esto, luego que la Policía de Investigaciones (PDI) recibiera una denuncia de los padres de una menor de 12 años, quienes acusaban actos de connotación sexual por parte de Macaya Zentilli en contra de su hija.

Audiencia privada del padre del senador Javier Macaya

Al principio de la audiencia, el fiscal pidió que la formalización fuera privada (sin medios de comunicación) considerando las pruebas materiales y relatos que se exhibirían.

“En esta audiencia se expondrán imágenes consistentes en videos que dan cuenta del ilícito que la fiscalía va a formalizar. También se van a exponer relatos que son altamente sensibles e íntimos”, indicó el persecutor.

Luego de tres horas en las que se expusieron los antecedentes, el juez de garantía accedió a la cautelar más gravosa solicitada por los integrantes de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins que tomaron el caso.

Esto, en base a la gravedad de los delitos y a que la libertad del imputado significaría un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.

“Luego de esta extensa audiencia, el tribunal compartió todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público”, explicó la persecutora de la Fiscalía Regional de O’Higgins, Javiera Oro.

De acuerdo a lo señalado en la audiencia, el imputado por abuso sexual reiterado, Eduardo Macaya Zentilli, cumplirá con la cautelar en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua, pero no junto al resto.

Según El Mostrador, y a petición de la defensa que apeló a razones de salud, el hombre de 71 años comenzará cumpliendo con la cautelar en el hospital del recinto penal.

En principio, la investigación se extenderá por 90 días. En ese plazo se buscarán reunir más pruebas en contra del imputado y averiguar si existen más víctimas.