Ayer el Gobierno ingresó -al Congreso Nacional- cambios en la redacción del decreto que faculta el despliegue de efectivos militares en cuatro provincias de la Macrozona Sur.
Recordemos que fue un compromiso pactado entre el Ejecutivo y la oposición, tras una reunión del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con parlamentarios de Chile Vamos en La Araucanía.
Hubo hermetismo. El diseño político del Gobierno era revelar los cambios sólo a través de la presentación de la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Cambios en el decreto que permite el Estado de Excepción en la Macrozona Sur
La titular de Interior procedió a leer el cambio principal: En lugar de mencionar la seguridad de las rutas, la libre circulación, el control de las vías de seguridad y la vida de las personas, se omite toda causal.
Los Jefes de Defensa sólo deberán atenerse a la Ley de Estado de Excepción y a las Reglas de Uso de la Fuerza. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que este es el fin del Estado ‘acotado’ de Excepción Constitucional.
Tohá insistió en que en lo medular las facultades de los Jefes de Defensa Nacional (Jedena) no cambian, porque siempre serán la Constitución y las leyes las que normen su acción.
Sin embargo, sí señaló que ahora su evaluación será de momento a momento.
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La oposición tenía la advertencia hecha y la conversación pactada: Si el Gobierno no llegaba con cambios, iban a oponerse al despliegue militar.
En todo caso, muchos de ellos fueron confirmando que ya se les habían dado garantías de que habría cambios y uno comentó a La Radio que hasta el presidente Gabriel Boric se involucró en definir la redacción.
El senador e integrante de la Comisión de Defensa, y presidente de la UDI, Javier Macaya, destacó los cambios, pero aprovechó de presionar con una nueva propuesta.
Se trata de los estatutos de protección para eximir de persecución penal el actuar de los efectivos.
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Desde Revolución Democrática, el presidente Juan Ignacio Latorre, advirtió que la posición de su sector sigue siendo la misma.
Es decir, la idea es desescalar en la medida en que hay efectividad en la declaratoria y el decreto, no por cambiar no tiene la obligación de seguir respetando irrestrictamente los Derechos Humanos.
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Pese a que para muchos el Gobierno cedió ante la oposición, hubo 7 votos en contra de Chile Vamos.
En esa línea, la diputada Gloria Naveillán dijo que este cambio era ‘vender humo’ y hubo parlamentarios que salieron de la Sala para no aparecer votando en contra.
Sin embargo, parlamentarios de La Araucanía dijeron que había que aprobar y valoraron los cambios. Así lo planteó el diputado de Renovación Nacional, Jorge Rathgeb.
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La molestia en el oficialismo
María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo y Matías Ramírez fueron los votos en contra de Apruebo Dignidad, que también registró 13 ausencias.
Lo que no es casualidad ya que, en ese sector, un parlamentario reconoció ‘sorpresa’ y desde el Partido Comunista buscarán explicaciones, recordando que este fue el sector que pidió la condición ‘acotada’ que ya se perdió.
En esa línea, el diputado Matías Ramírez dijo que este es un retroceso y que se cedió ante la postura de la derecha.
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Según datos de Carabineros, en las provincias bajo la medida -al 28 de mayo y respecto al mismo periodo del año anterior- los ataques incendiarios disminuyeron un 14%.
Mientras que los eventos con presencia de armas de fuego registraron una baja del 24% y se ha detenido casi el cuádruple de personas por hechos de violencia rural.
Sin embargo, también es cierto que en ciertas zonas de la región de La Araucanía se registró un aumento de este tipo de eventos, específicamente en las comunas de Ercilla, Lautaro y Galvarino.