La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en general, y archivó por un año, los proyectos fusionados de sexto retiro del 10 y el 100% de los fondos de pensiones, archivando la iniciativa hasta junio de 2024.
Pese a que el resultado estaba claro hace semanas, fue una jornada de extrema tensión. En la mañana, el comité legislativo resolvió que la sala de la corporación no podía votar los proyectos, porque no había un texto que revisar, por lo que la comisión de Constitución tuvo que volver a sesionar.
En 90 minutos de trabajo y en una sala de comisión llena de diputados y diputadas, asesores y medios de comunicación, se amenazó con el Tribunal Constitucional, la Comisión de Ética y hasta la petición de sumarios.
Pamela Jiles, Jorge Durán, Miguel Ángel Calisto, René Alinco, Gloria Naveillán, impulsores de los proyectos de retiro, cuestionaron la hora en que comenzó la sesión y la votación de la propuesta ordenada por el secretario general, Miguel Landeros; y afirmaron que debió aplazarse la votación hasta la próxima semana.
Rubén Oyarzo, diputado del PDG firmante de tres proyectos y autor de un retiro para casos especiales, afirmó que fue tanta la vulneración al reglamento que van a recurrir al Tribunal Constitucional.
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Miguel Landeros, Álvaro Elizalde, Vlado Mirosevic y Raúl Leiva, fueron parte de los nombres que salieron a aclarar durante todo el día que ninguna votación se iba a suspender y que todo estaba en regla.
El RN Frank Sauerbaum contó a los medios que el secretario de la corporación reconoció en el comité legislativo que con los retiros se creó un precedente negativo: votar proyectos fusionados con un texto resumido, al punto que esta vez pudo llegar a ser poco claro.
Raúl Leiva, del PS, defendió su gestión como presidente de la comisión de Constitución y aseguró que todo se hizo en regla.
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Uno de los elementos de mayor tensión en la instancia fue una acusación que lanzó el diputado René Alinco. Dijo que secretario de la comisión de Constitución, Patricio Velasquez -funcionario de la Cámara- estaba confabulando para burlar el reglamento y despachar a la sala en vez de un informe, una minuta redactada por un parlamentario.
De hecho, pidió una investigación sumaria y congelar la función del secretario.
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La diputada Pamela Jiles cuestionó que Velásquez tomara la palabra antes que ella, criticó el rol del secretario en zanjar debates parlamentarios y hasta le cuestionó ‘muecas’ que hacía mientras ella hablaba.
Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social, calificó como ‘inaceptable’ que la diputada ‘barriera el piso’ con el funcionario, abusando del fuero parlamentario.
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9 diputados de Chile Vamos respaldaron y 15 diputados oficialistas votaron a favor del proyecto de retiro. De ninguna bancada salieron más votos que la de los independientes PPD, que apoyaron con 6 votos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, fue llamando por teléfono a algunos parlamentarios en los minutos previos a la votación y más de alguno bromeó que lo iban a retar.
También lo hizo Natalia Piergentili, presidenta del PPD. Incluso se pudo ver que Tohá fue a buscar al jefe de bancada, Cristian Tapia, a la sala. Ninguno que se propuso votar a favor cambió de opinión.
Jaime Araya, uno de los parlamentarios que respaldó, cuestionó a todos los diputados oficialistas que se ausentaron del debate y también reclamó que se votara a favor de cerrar el debate, quedando más de una veintena de intervenciones.
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El resultado fue uno solo. Se acabaron los proyectos de retiro por un año, de la misma forma que ocurrió en 2022.
Pero en su camino dejaron anuncios de envíos a Comisión de Ética, al Tribunal Constitucional y hasta la sugerencia tímida de una querella contra un diputado que acusó a un funcionario de incumplir su labor.