El Gobierno salió a replicar con dureza a la ministra vocera de la Corte Suprema, que ayer habló como presidenta subrogante de la tercera sala, Ángela Vivanco, quien aseguró que los excedentes que deben devolver las isapres “son a las personas que demandaron”.

Esto último, pese a que en agosto del año pasado, la propia Vivanco indicó que la resolución abarca a todos los afiliados, ya que “el alza no refiere a persona determinadas, sino que es un alza general”.

Sus polémicos dichos de este domingo generaron polémica y asombro en el mundo político y en la industria de las aseguradoras.

Rápidamente, el primero en salir a responder fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien adelantó que pedirán una aclaración al máximo tribunal.

El secretario de Estado dijo que las palabras de Vivanco entregan un antecedente adicional que se tiene que tomar de manera cautelosa y responsable.

Los duros cuestionamientos del Gobierno tras dichos ministra Vivanco por isapres

La ofensiva del Ejecutivo sumó, incluso, al presidente Gabriel Boric, quien fustigó con dureza lo sucedido.

En conversación con Chilevisión, el mandatario indicó que “es importante que los jueces hablen a través de los fallos y no de entrevistas”, agregando “que todos entendíamos” que el fallo era para todos.

En la instancia, aprovechó de remarcar que “el fallo tiene que respetarse”, aunque se manifestó abierto a introducir modificaciones a la ley corta de isapres.

Más dura, este lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá, pidió dejar de “sembrar dudas”, según señaló en Infinita.

“Esto ha dado lugar a tanto debate en los últimos meses, pero esta interpretación no había estado arriba de la mesa por parte de nadie, de nadie, ni del Gobierno, ni del Parlamento”, cuestionó.

“Había muchas posturas distintas, pero respecto de esto parecía que todos estaban de acuerdo, ni siquiera las propias isapres habían planteado esta interpretación”, criticó.

“Entonces, lo que queremos ahora es que en lugar de sembrar más dudas y más interrogantes, empezar a despejarla. Y lo primero, que la Sala se pronuncie y para eso vamos a hacer lo que no corresponde, que es pedir una aclaración a través de la Superintendencia”, fustigó.

“Este tema es muy complejo porque son miles de personas afectadas, está en juego la fe pública, está en juego que se cumpla lo que claramente la Corte señaló que aquí hubo cobros indebidos y está en juego que lo hagamos de una manera tal que eso no hace inviable per se el tema”, añadió.

“Yo el llamado que haría a todos los actores que intervenimos en esto es ayudar a ir resolviendo y despejando los problemas y no agrandándolos y complejizando aún más esta situación que de suyo no es fácil de resolver”.

Las críticas desde el Congreso

El diputado y presidente de la comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino, afirmó que las declaraciones de Vivanco, que está subrogando al influyente juez Sergio Muñoz, llegan como un cambio de criterio que podría significar que todo el trabajo previo fue en vano.

Mientras que el presidente de la misma comisión, pero en el Senado, Juan Luis Castro, declaró que la lista de los reales beneficiarios deben ser dadas por la Corte Suprema.

El timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, estimó que se comienzan a aclarar los reales alcances del fallo. Su par de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, indicó que se debe seguir tramitando la iniciativa que busca viabilizar el fallo.

En la entrevista, Ángela Vivanco, enfatizó en que nunca se le ha informado a la Corte Suprema sobre la forma de cálculo que realizó la Superintendencia de Salud para definir el universo de la población a pagar y el monto de los excedentes.

Lo concreto es que hoy la Asociación de Isapres, comandada por Gonzalo Simon y la ministra Ximena Aguilera, se verán las caras en una nueva sesión de la comisión de Salud del Senado.

Mientras ya empieza una disputa jurídica por el artículo tres del Código Civil, donde indica que solo toca al legislador interpretar la ley de un modo general obligatorio, es decir, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren.

Por lo mismo, se apunta que a eso es lo que Ángela Vivanco daba por hecho, asumiendo que los abogados que trabajan en la Superintendencia de Salud, en el Palacio de La Moneda y del Ministerio de Salud, en general, hubiesen entendido que era solo para quienes habían presentado recurso.

Si bien hay un análisis global, según algunas organizaciones, como el movimiento Salud Libre, que señalan que aproximadamente un 6% de todos los contratos han sido llevados a la Justicia.

De todas maneras, son 6 meses que han pasado desde el polémico fallo de la Suprema, sin que hasta ahora se haya especificado este punto, pese a que tanto del Minsal, como de la Superintendencia, ya habían hecho cálculos millonarios.