Este martes se anunció la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Esto, a propósito de la difusión de una “guía de sexualidad afectiva” que incluye ejercicios para niños de kínder, lo que a juicio de algunos parlamentaros iría en contra de la Constitución.
El juicio político fue impulsada por las diputadas Sara Concha Smith y Francesca Muñoz González, ambas integrantes de la bancada del Partido Social Cristiano e Independientes. Minutos antes, otros diputados de oposición ya habían anunciado una interpelación contra Ávila por este mismo tema.
En efecto, varios diputados ya han comprometido su firma para que se inicie formalmente el proceso que podría terminar con la destitución del titular del Mineduc, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años.
De acuerdo con Radio Bío Bío en el Congreso, al menos 14 diputados y diputadas manifestaron que firmarán el escrito:
-Sara Concha
-Francesca Muñoz
-Karen Medina
-Yovana Ahumada
-Catalina Del Real
-Diego Schalper
-Eduardo Durán
-Miguel Mellado
-Mauro González
-Camila Flores
-José Miguel Castro
-Marlene Pérez
-Roberto Arroyo
-Gloria Naveillán
Se piensa que durante los próximas horas más parlamentarios comprometerían su rúbrica. Esta es la cuarta acusación constitucional que debe enfrentar un ministro de la actual administración del presidente, Gabriel Boric.
Antes fueron acusados la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, el actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson y la exministra de Justicia, Marcela Ríos.
¿Cuántas firmas se necesitan para ingresar la acusación?
De acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Constitución Política de la República de Chile, una de las varias atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados es la tramitación de acusaciones constitucionales.
En el caso de los ministros de Estado, estos pueden ser sometidos al mecanismo “por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno”.
Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella, reza el artículo.
Para permitir que se inicie el juicio político, se necesitan “no menos de diez ni más de veinte” miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados que estén de acuerdo.
El texto de la acusación está siendo trabajado bastante rápido y podría estar listo hoy mismo o a más tardar mañana temprano, aseguran fuentes de La Radio en el Congreso.