El ministro de Economía, Nicolás Grau, anunció esta semana que a finales del primer semestre o a comienzos del segundo se ingresará el nuevo proyecto de Ley de Pesca, tras el proceso participativo que impulsó el Gobierno después de que se aprobara la nulidad de la llamada Ley Longueira.
Se espera que el presidente Gabriel Boric lo anuncie en su cuenta pública del 1 de junio, mientras la incertidumbre y expectación crecen en el mundo de la pesca industrial del Biobío.
Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Patrones de Pesca, indicó que existe preocupación en la industria, ya que no se conoce el contenido de la iniciativa.
“No tenemos absolutamente ninguna certeza respecto de la nueva propuesta de Ley de Pesca de parte del Ejecutivo (…) y eso nos preocupa”, señaló el dirigente.
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Nuevo proyecto de Ley de Pesca
Parlamentarios de la zona comparten la inquietud y la urgencia de ingresar este proyecto de ley al Congreso, con el objetivo de conocer sus prioridades y entregar certeza al mundo pesquero. El senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, ofició al subsecretario de Pesca para que indique concretamente cuándo se ingresará la propuesta.
“El no saber cuáles serán las reglas del juego y las normas que nos regirán en el futuro está paralizando la inversión en la compra y renovación de equipos, así como condicionando el futuro laboral de miles de personas”, aseguró.
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Por su parte, la diputada del partido comunista, María Candelaria Acevedo -expresidenta de la Comisión de Pesca de la Cámara-, dijo esperar que el próximo 1 de junio el presidente pueda esbozar cuándo se va a presentar la nueva ley, y reafirmó que no es intención del Gobierno perjudicar a la industria.
“No estamos por dejar a los trabajadores de la industria cesantes, al contrario, (…) queremos que los trabajadores puedan tener en su trabajo un salario justo, adecuado al trabajo que realizan”, señaló.
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Recordemos que la nulidad de la actual ley de pesca se aprobó en el Congreso por los llamados ‘vicios de origen’ de la iniciativa impulsada por el primer gobierno de Sebastián Piñera, pese a que la oposición cuestionó que se anulara la normativa sin tener tramitada una nueva ley.