Los diputados de la bancada de Renovación Nacional presentaron un requerimiento a la Contraloría General de la República, para que fiscalice el correcto uso de todos aquellos recursos fiscales empleados en el denominado programa “gas de Chile” o “gas a precio justo”, implementado a través de Enap.
Recordemos que el Gobierno reconoció que el piloto del programa “Gas a precio justo” significó un gasto para el Estado de $117 mil por cada balón que entregaron durante el año pasado.
Incluso, la ejecución del programa en el segundo semestre de 2022 arrojó como resultado un costo total de $591.000.000.
A raíz de esto, según los parlamentarios RN, resulta importante “analizar el costo total del programa para las arcas fiscales y si acaso su implementación constituye o no un uso ineficiente e ineficaz de los recursos públicos empleados para este fin”.
El documento fue ingresado por los diputados Leonidas Romero, Sofía Cid, Miguel Mellado, José Miguel Castro y Andrés Celis.
Fue el pasado 1 de junio de 2022, durante la Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, que se anunció la concreción de un programa que buscaría reducir el costo del gas domiciliario.
“Gas a precio justo”
Según detalla el documento presentado por los parlamentarios, este programa sería implementado por la Empresa Nacional del Petróleo, buscando que esta empresa pública desarrollase la logística necesaria para actuar como distribuidor de un conjunto determinado de cilindros de gas licuado, que serían vendidos a usuarios finales de ciertas comunas con un margen menor al predominante en el mercado (o a “justo precio”, como fue presentada la iniciativa), lo que redundaría en un importante ahorro para los consumidores beneficiados.
Los legisladores de oposición plantean que “las autoridades involucradas en la implementación del programa hicieron un importante alarde público de su ejecución, creándose expectativas entre la ciudadanía en un momento en que la carestía del coste de la vida se ha hecho presente”.
Según los diputados, esto “conllevó a que el anuncio hecho el día 23 de julio de 2022 por el ministro de Energía de aquél entonces, de llegar a cerca de 100.000 familias beneficiarias en su primera etapa, terminase por cumplirse en poco más del 3%, lo que demuestra su escasa eficacia”.
Finalmente, lo parlamentarios de RN piden que, “en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, disponga una investigación para determinar si existe un eventual incumplimiento a los principios de eficiencia y economicidad que debe observar la Administración en el uso de los recursos públicos destinados a la implementación del programa “Gas de Chile”, desarrollado actualmente por la Empresa Nacional del Petróleo con intervención de los Ministerios de Desarrollo Social y de Energía”.
RN acude a Contraloría
En esta línea, la diputada Sofía Cid señaló que “si habláramos de un Ejecutivo responsable económicamente, se hubiera analizado en su mérito si era o no conveniente para nuestras arcas fiscales la implementación de un programa en el que costaba 117 mil pesos cada cilindro de gas, sin olvidar que benefició sólo a 3 mil 100 familias, cuando el anuncio era de 100 mil familias en el primer año de ejecución”.
“Los ministerios de Desarrollo Social y también el de Energía tienen muchas explicaciones que brindar, y espero que la Contraloría sea dura en el cuestionamiento”, añadió la congresista.
“Nos quieren llevar a la quiebra”
Tras conocidos los valores, el diputado José Miguel Castro, integrante de la comisión de Minería y Energía, afirmó que “se lo dijimos muchas veces a este gobierno. Es impresentable que ustedes vayan con un programa que en otras partes del mundo simplemente fue populismo”.
“Nos hemos dado cuenta por las cifras que se manejan, $117 mil por un balón de gas es simplemente hacerle gastar dinero a todos los chilenos. Nos quieren llevar a la quiebra prácticamente. ¿Para eso quieren mayores recursos, para eso quieren una nueva (Reforma) Tributaria (…)?, cuestionó el parlamentario.
“Hay un despilfarro inaceptable”
En tanto, su par, Andrés Celis, manifestó que “hay un despilfarro inaceptable de recursos públicos, lo que es doblemente reprochable si consideramos que sólo se benefició a 3 mil 100 familias de las 100 mil que habían sido anunciadas para el primer año de ejecución”.
“Por lo mismo, apoyé la presentación que hicieron los diputados de Renovación Nacional en la Contraloría y espero que tanto el ministro Giorgio Jackson como el ministro de Energía de aquel entonces, Claudio Huepe, den explicaciones de su decisión”, sentenció el diputado.