El Gobierno confirmó la noche de este miércoles el envío del proyecto de ley que mejora la las facultades de las municipalidades para participar en la prevención del delito, creando la figura de inspectores de seguridad municipal.
La iniciativa contempla la creación de una categoría funcionaria, los “Inspectores de Seguridad Municipales”, dedicada exclusivamente a las funciones de seguridad y fiscalización, en coordinación con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
“El corazón de este proyecto responde a una necesidad largamente conversada con ustedes como alcaldes y alcaldesas, para fortalecer las funciones con las cuales las municipalidades ejercen labores de seguridad y de fiscalización”, explicó la ministra del Interior Carolina Tohá.
Dentro de las próximas horas, se espera que el Gobierno confirme el ingreso de otro proyecto de la agenda de seguridad, se trata de la iniciativa de inteligencia financiera.
La primera iniciativa busca elevar los estándares para perseguir la ruta del dinero ilícito e involucra el eventual levantamiento del secreto bancario.
Alejandra Placencia, diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Seguridad de la cámara, destaca que este proyecto ataca de manera integral el delito.
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Gobierno preocupado por propuestas de la oposición
Estas iniciativas contrastan con la preocupación del gobierno con dos propuestas de la oposición: La Ley de Usurpaciones y el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino.
Ya existe un diseño: El ministro de Justicia, Luis Cordero, lidera las gestiones para ingresar indicaciones antes del 1 de junio a la ley de usurpaciones y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el esfuerzo por modificar la iniciativa fronteriza.
Raúl Leiva, diputado socialista de la comisión, plantea por dónde podría cambiar la Ley de Usurpaciones para no contener lo que caracteriza como ‘una brutalidad’.
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Fuentes de La Radio aseguran que la oposición tiene cierta apertura a cambiar el proyecto que permitirá penas de cárcel en la toma de un terreno, pero no serán de alcance mayor.
El diputado republicano, Cristian Araya, asegura que el gobierno busca quitarle toda efectividad al proyecto.
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El ejecutivo también tiene una profunda preocupación por el proyecto de reincidencias, que elimina las penas de 60 días para personas que ya han cometido delitos, dejándolas en un año mínimo de presidio efectivo. Para esa propuesta también tienen solo 7 días más para presentar indicaciones.