Un año se cumplirá esta semana desde que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric implementó el Estado de Excepción Acotado para la Macrozona Sur.
Medida que se aplicó a pesar de la insistencia en el Ejecutivo de que no continuarían con la renovación de esta estrategia.
En el Gobierno calificaron de positivos los resultados de la iniciativa, considerando una disminución de un 56% en los homicidios, una caída del 30% en los atentados terroristas, y un 21% menos de ataques incendiarios.
Sin embargo, parlamentarios criticaron al Gobierno por la -aseguran- ausencia de medidas que ataquen al problema desde la raíz.
El senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, que representa la región del Bío Bío, criticó que el Estado de Excepción del Gobierno no cumple con el objetivo de prevenir los ataques terroristas.
“Le hemos pedido reiteradamente al Gobierno que junto al Estado de Excepción aplique en la Macrozona Sur, un plan que permita perseguir y desarticular a los terroristas que operan en la zona”, detalló el parlamentario.
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Estado de Excepción en la Macrozona Sur: “Ha sido un fracaso”
El diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet, dijo que “después de un año de Estado de Excepción, esto ha sido un fracaso”, mientras que el senador socialista por el Bío Bío, Gastón Saavedra, indicó que “hay que aplicar medidas duras contra de aquellos que están actuando con violencia con acciones terroristas, y el segundo camino tiene que ver con el diálogo”.
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La diputada del Partido Socialista, Emilia Nuyado, que ha rechazado la medida desde sus inicios, remarcó que mantendrá su postura crítica.
“Como diputada mapuche he votado permanentemente en contra de los Estados de Excepción, porque siempre he señalado que no nos acerca al diálogo, que no se acerca a la búsqueda del entendimiento, y que finalmente se termina persiguiendo, criminalizando, en particular al pueblo mapuche”, enfatizó.
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Otras cifras que ha dejado este año que lleva el Estado de Excepción son los más de 5 mil controles realizados por militares, 8.500 fiscalización en conjunto a las policías, y una disminución de un 36% de presencia de armas en delitos.