El Gobierno presentó este lunes de manera oficial el plan “Calles sin violencia”, que busca enfrentar la crisis de seguridad que se vive en nuestro país, marcada por el aumento de homicidio.
Se trata de una serie de medidas, con base en un trabajo coordinado con Carabineros, la Policía de
Investigaciones y el Ministerio Público, que se ejecutarán en 46 comunas a nivel nacional.
“Lo que estamos comenzando hoy no es un inicio, es un nuevo paso”, aseguró al respecto la ministra del Interior, Carolina Tohá.
“El Gobierno ha tenido, entre sus prioridades, reforzar la capacidad que tenemos como estado de enfrentar los delitos violentos, los homicidios y las armas, que es donde hoy día estamos sufriendo los chilenos y chilenas, al ver armas donde nunca las habíamos visto, al ver número de homicidios que no conocíamos”, señaló.
Tohá y Calles Sin Violencia: “Lo que estamos comenzando hoy no es un inicio, es un nuevo paso”
En ese sentido, Tohá apuntó al fortalecimiento de las instituciones estatales a cargo de la seguridad del país.
“En estos años la criminalidad violenta se ha fortalecido, se ha hecho más sofisticada, maneja más información, tiene redes más fuertes, tiene armas, y el Estado no se fortaleció de la misma manera”, lamentó.
No obstante, advirtió que “fortalecer las instituciones no es solo fortalecer las policías, pero es en primer lugar fortalecer las policías, entregarles más recursos, más protección, más tecnología, entregarles condiciones para que puedan cumplir su trabajo”.
“Fortalecer las instituciones es muy importante, pero a ese componente le faltan instituciones”, estimó.
En esa línea, destacó la “creación del Ministerio de Seguridad Pública, un Sistema de Inteligencia del Estado, de Ciberseguridad, cosas que estamos tramitando en el Parlamento y se van a completar en las próximas semanas con otro proyecto de ley de inteligencia financiera, para tener una institucionalidad capaz de seguir el dinero”.
“La seguridad es un derecho que las instituciones del Estado tienen que garantizar”.
“Es una nueva realidad respecto a cómo perseguimos los homicidios y los delitos violentos”, indicó por su parte el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
“La seguridad es un derecho que las instituciones del Estado tienen que garantizar”, sentenció.
Asimismo, apuntó a aumentar el patrullaje y la fiscalización, especialmente respecto a las armas de fuego.
“Hace cuatro o cinco años atrás, el 40% de los homicidios se producían con el uso de armas de fuego. Terminamos el 2022 con un 57% de los homicidios que fueron ejecutados con armas de fuego y el 62% fue en la vía pública. Por lo tanto, la fiscalización en materia de armas constituye un elemento central”, aseveró.
“Como toda política pública, estamos disponibles a la evaluación y los ajustes, en la reunión que tuvimos con la Asociación de Municipios le planteamos que evidentemente vamos a tener indicadores para medir y evaluar la política, y le propusimos que esta evaluación la pudiéramos hacer en conjunto con ellos”, adelantó Monsalve.
“Esperamos que en este plan concurramos todos a buscar impactar en quebrar la tendencia al alza de los delitos violentos, este es un trabajo que implica necesariamente colaboración y coordinación, con Carabineros, con la PDI, el Ministerio Público, con los gobernadores, alcaldes”, sentenció.