El fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció este jueves instruir la apertura de una causa penal tras detectar eventuales irregularidades en el proyecto informático Red de Gestión Penal (RGP), iniciativa que reemplazaría al actual Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF).

La decisión de Valencia se da tras recibir un oficio del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien llevó adelante la indagación administrativa que tiene por objeto determinar el retraso del proyecto RGP.

En el oficio enviado al fiscal Valencia, Garrido advierte conductas eventualmente constitutivas de delito por el no cobro de multas de algunos contratos suscritos en la administración anterior y autorización de facturación indebida, entre otros hechos.

De acuerdo al comunicado del fiscal nacional, se solicitó a la División de Contraloría interna un informe respecto de los hitos relacionados con la ejecución administrativa y
financiera de cada uno de los contratos suscritos durante la gestión anterior, cuando el fiscal nacional era Jorge Abbott y, a su vez, contratar una auditoría externa que permita revisar, desde el punto de vista de las técnicas informáticas, el desarrollo de Red Gestión Penal.

Además, Valencia citó a una reunión de Fiscales Regionales para informar la decisión tomada, también determinó que un fiscal regional llevará la arista penal de este caso para conocer las eventuales responsabilidades.