A comienzos de abril, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció que el Ministerio Público solicitará prisión preventiva para todas las personas extranjeras indocumentadas que sean detenidas, hasta que se establezca su identidad.
La medida se aplicaría inicialmente en la Región Metropolitana, pero luego fue extendida a todo el país.
Tras el anuncio, la Asociación de Fiscales cuestionó -a través de un comunicado- la aplicación del denominado “criterio Valencia”, principalmente por la dificultad de su implementación en regiones, argumentando que el enrolamiento de imputados en el Registro Civil cuenta con una sección que se encuentra radicada solo en la Región Metropolitana.
El presidente del gremio, Francisco Bravo, señaló que nunca se ha solicitado la suspensión de la medida, pero que sí se han hecho sugerencias y observaciones para su correcta implementación.
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El abogado y ex fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, sostuvo que le parece correcta la implementación de la medida anunciada por Valencia, ya que el peligro de fuga es alto cuando el imputado es una persona indocumentada.
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El abogado y ex persecutor, Ricardo Freire, indicó que, independiente de su nacionalidad, los imputados en una causa penal deben estar identificados.
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Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, ha sido tajante en defender el instructivo, señalando que “no existe un motivo para suspenderlo”.