Sin encontrar vínculos terroristas en las operaciones en Chile de la línea aérea venezolana Conviasa culminó el trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La comisión se instaló en octubre pasado, a partir del vuelo de la aerolínea venezolana, que tuvo su origen en Caracas y que aterrizó en Santiago, el 22 de junio de 2022.
En particular, la sospecha apuntaba a eventuales vínculos a grupos terroristas por parte de tripulantes de origen iraní, de acuerdo a investigaciones en Argentina y Paraguay.
El vuelo de Conviasa, según información entregada, contaba con 17 personas en su tripulación, de nacionalidad venezolana; y 89 pasajeros que arribaron a Chile. Pero existían diferencias de información respecto al equipaje.
En lo medular del informe, se concluyó que no hay “vínculo probado y fehaciente entre la operación aeronáutica y delitos terroristas. No obstante, se constató la falta de estándares en el control aeronáutico. Lo anterior, respecto a analizar, alertar o controlar, eventuales riesgos o amenazas”, aseguró el texto final.
La investigación, junto con descartar vínculos terroristas de Conviasa, evidenció la falta de coordinación entre las distintas autoridades. Esto, según el texto, impide el análisis sobre el ingreso y egreso de equipaje, carga y pasajeros al territorio nacional. Asimismo, se detectaron contradicciones entre las autoridades y un manejo liviano y poco riguroso en el aeropuerto.
El grupo parlamentario estimó que se requieren mayores atribuciones, sin afectar compromisos adquiridos por el Estado ni el normal tráfico aéreo. Igualmente, mayor nivel de fiscalización a empresas que prestan servicios a las aeronaves, incluyendo la obligación de denunciar hechos ilícitos, y la revisión exhaustiva de vuelos no regulares.
A su vez, se destacan graves inconsistencias entre los datos públicos y de las entidades privadas respecto a la carga y los pasajeros. Dicha situación genera dudas sobre la finalidad de los vuelos cuestionados.
Entre las propuestas, se plantea la creación de una Policía Aeronáutica dependiente de una Policía de Fronteras. La idea es que ejerzan en los aeropuertos una supervisión más rigurosa y efectiva. Además, que se establezcan medidas más avanzadas y sofisticadas en relación con los vuelos y el tráfico aéreo.
El diputado Álvaro Carter (UDI) planteó explicitar en el informe que el Estado tiene como obligación resguardar a los aeropuertos, considerados como infraestructura crítica. La idea se respaldó por la mayoría de los presentes.
Mientras, el legislador Boris Barrera (PC) propuso que las empresas concesionadas privadas que operan en el aeropuerto estén obligadas a prestar servicios a cualquier aerolínea de países que tenga relaciones diplomáticas con Chile. Ello se respaldó en forma unánime.