La idea de legislar un proyecto de ley que establezca mayores exigencias para obtener la libertad condicional cobró fuerza en el Senado luego de la muerte del carabinero Daniel Palma.
Eso debido a que uno de los involucrados en el asesinato del carabinero —Luis Alberto Lugo Machado, alias “El Calladito”— precisamente cumplía una pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo pero con el beneficio de libertad vigilada intensiva.
Por ese motivo, la Sala del Senado aprobó de manera unánime un proyecto de ley que establece mayores exigencias para obtener la libertad condicional. Pese a ello, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, anunció la presentación de indicaciones por parte del Gobierno.
¿Qué propone el proyecto sobre la libertad condicional?
Para esos efectos, la iniciativa de ley modifica distintos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple.
La propuesta legislativa busca aumentar el tiempo efectivo de la pena cumplida para poder acceder al beneficio carcelario de la libertad condicional.
En ese sentido, los parlamentarios Matías Walker, Gustavo Sanhueza, Paulina Núñez, Francisco Chahuán y Jaime Quintana pidieron dotar de relavancia los informes generados por Gendarmería.
Informes de Gendarmería
Eso, en respuesta al desentendimiento de distintas figuras políticas del oficialismo al informe generado por Gendarmería sobre los indultados por el Presidente por delitos cometidos en el contexto del denominado estallido social.
Por citar un ejemplo, en esa oportunidad, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, señaló desconocer los informes negativos enviados por el director nacional de la institución de seguridad al Ministerio de Justicia.
“No conozco los informes, se dictan aquellos por Gendarmería, pero esos son evidentemente un antecedente, y no es el único que puede considerar el Presidente de la República para efectos de indultar”, explicó Vodanovic en esa ocasión.
Además, los parlamentarios coincidieron en la necesidad de contar con un informe penitenciario actualizado y una inversión carcelaria significativa.
Tras su aprobación, el proyecto deberá ser analizado en particular por la Comisión de Constitución del Senado. Para ello, se fijó el 5 de mayo como día máximo para presentar indicaciones a la iniciativa.