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Y es que, pese a que los delitos comunes han disminuido en los últimos diez años, según reconocen autoridades y muestran las estadísticas, la sensación de inseguridad se ha multiplicado en el país y se ha convertido en la primera preocupación ciudadana.
Un incremento de US$1.500 millones anuales en el presupuesto para combatir la delincuencia, más equipamiento, un plan con los municipios para “calles sin violencia” y nuevos proyectos de ley claves aprobados en materia de seguridad son las principales acciones que el gobierno de Gabriel Boric ha impulsado para frenar la violencia en su primer año de mandato.
Y es que, pese a que los delitos comunes han disminuido en los últimos diez años, según reconocen autoridades y muestran las estadísticas, la sensación de inseguridad se ha multiplicado en el país y se ha convertido en la primera preocupación ciudadana azuzada por la aparición de nuevos delitos, algunos de ellos mucho más violentos.
Igualmente, se ha transformado en uno de los arietes de la oposición, en particular de los grupos ultraconservadores, que acusan al Ejecutivo de inacción y de no ofrecer a las instituciones armadas, y en particular al controvertido cuerpo de carabineros, ni el respaldo político ni las herramientas adecuadas para hacer su trabajo.
En el último mes, tres agentes de este cuerpo militarizado perdieron la vida durante procedimientos de rutina, una sucesión que llevó al Congreso a aprobar una controvertida ley, conocida como “Naín-Retamal” e impulsada por la oposición, que da una mayor libertad de maniobra en el uso del arma a la Policía y reduce la proporcionalidad y la asunción de responsabilidades.
En este contexto, la misma institución policial reconoció el apoyo constante del Gobierno, mientras que expertos locales e internacionales destacan que las medidas van en dirección correcta, pero advierten que tienen debilidades, como la falta de formación moderna, y que no contempla el cambio profundo que necesita el sistema policial chileno.
“Absolutamente respaldada”
El general director de Carabineros, Ricardo Yañez, lo ha reconocido en múltiples declaraciones: la institución se siente “absolutamente respaldada” por el Gobierno del mandatario chileno, tanto en estos momentos de conmoción y dolor público, producto de los homicidios en contra de tres de sus efectivos, como durante los meses anteriores.
“Nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento para ejercer nuestra labor policial”, señaló el oficial del Alto Mando en marzo pasado.
Sin ir más lejos, Boric anunció un 40% de aumento en los fondos anuales destinados a combatir y prevenir la inseguridad en el país, con 1.500 millones de dólares adicionales cada año en el presupuesto para medidas que ayuden a reducir la delincuencia.
A ello sumó un plan de “calles sin violencia” que incrementa las patrullas en diez barrios de la capital con más agentes y más especializados.
Dirección correcta, pero con debilidades
En diciembre pasado, Boric presentó un plan con ajustes territoriales acordes a la realidad de cada región para combatir el crimen organizado.
Esta política, inédita en el país suramericano, considera el fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, mejorando la coordinación en el intercambio y análisis de información con miras a ejecutar acciones conjuntas.
A juicio del abogado y experto en derechos humanos y función policial chileno, Daniel Soto, se trata de un plan con “elementos conceptuales correctos”, aunque identifica tres debilidades:
No contempla un diagnóstico de la extensión actual de los negocios ilícitos vinculados al crimen organizado, no centraliza en el Gobierno y presenta problemas para concretar el trabajo conjunto de las agencias estatales encargadas de la detección e investigación de estos delitos.
“Estas carencias pueden generar problemas en la identificación de las prioridades y en su implementación”, señaló Soto a EFE.
Entre las fortalezas, prioriza la disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales con sistemas más robustos de detección y persecución y la legislación sobre tenencias de armas mucho más dura.
Transformación del sistema policial
Tras el avance de cinco proyectos de ley sobre seguridad pública, que persiguen con más fuerza el secuestro, porte de armas, extorsión y sicariato y aumentan el control migratorio, Boric pretende introducir además cambios profundos en las policías chilenas, cuestionadas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en las protestas de 2019.
“En Chile se habla hoy de reforma de Carabineros, cuando lo que se debiese estar discutiendo es la transformación del sistema policial. En este sentido lo que se requiere hoy en día es voluntad política porque se puede trabajar con la institucionalidad que existe para fortalecer el trabajo policial”, explicó Soto, quien se retiró con el grado de coronel de Carabineros.
“Una reforma de verdad debiese involucrar el rediseño de procesos y la optimización del modelo de gestión. Estos temas aún no se han debatido y lo que se está haciendo ahora es poner parches a los déficits que parecen más notorios”, concluye.
