El fiscal nacional, Ángel Valencia, llegó hasta la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. El objetivo fue defender la medida de pedir prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos y no estén registrados en algún sistema de identificación en Chile.
Valencia comenzó diciendo que la medida se justifica ante una debilidad en el sistema de registro de identidades en el país, lo que ha sido advertido y explotado por antisociales extranjeros.
“Si se es extranjero y se pretende venir a Chile a ejercer la actividad delictual, lo más conveniente era dejar el pasaporte bien escondido, porque la mejor forma para propender a tener éxito es esconder la identidad propia”, aseguró Ángel Valencia.
El fiscal nacional fue categórico al afirmar que “en términos simples, advirtieron una debilidad en nuestro sistema”.
La controversial medida fue anunciada por el Ministerio Público tras el asesinato del carabinero Daniel Palma, y la dificultad de dar con la identidad de los supuestos perpetradores del hecho. Además, la iniciativa se extenderá por todo el territorio nacional.
Valencia relató ante los parlamentarios que “está ocurriendo, que (extranjeros) entregaban un nombre supuesto y en base a ese nombre supuesto se le informaban cargos en la audiencia y se le decretaban medidas en contra, sobre ese nombre supuesto, y se le requería que fuera a cumplir con sus obligaciones migratorias, entre ellas enrolarse. Eso hacía imposible en la práctica que pudiéramos cumplir con hacer cumplir órdenes de detenciones en su contra”.
En particular, para el caso de los detenidos por la muerte de Daniel Palma, Luis Lugo y Ovicmarlixon Garcés, las indagaciones dieron con registros de huellas digitales, las que solo pudieron cotejarse una vez que los imputados fueron detenidos y enrolados.