Prisión preventiva y arresto domiciliario total decretó el Juzgado de Garantía de San Antonio, para los dos hombres detenidos en un procedimiento policial realizado en la comuna de San Antonio. Ambas personas acompañaban al conductor de atropelló a un carabinero durante una fiscalización, y que luego fue abatido a tiros por un policía con su arma de servicio.
El hecho se transformó en un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno, especialmente para la ministra del Interior, Carolina Tohá, luego que pusiera en duda el actuar de Carabineros, a días de la promulgación de la Ley Naín-Retamal.
De hecho, cuando se discutió la nueva legislación en el Congreso, uno de los principales puntos fue el polémico artículo 7, sobre la legítima defensa privilegiada y en qué casos operaba.
Recordemos que hubo una negociación entre el Gobierno y oposición en que finalmente se restringió la defensa legítima privilegiada a la posibilidad de respuesta a una agresión que significara riesgo a la vida o la integridad física grave del carabineros o de un tercero que estuviera en el lugar
El tema es la casuística, o mejor dicho, lo práctico de la ley. Por ejemplo, cómo se va a operar cuando una persona va escapando, si la policía puede disparar, algo que finalmente se zanjó en que no lo puede hacer, debido a que a esas alturas se supone que ya cesó la agresión.
Por lo mismo, la ley no cambia demasiado la situación que ya existe respecto a la legítima defensa.
Pero más allá de la discusión jurídica, lo cierto es que al primer caso que se utilizó nuevamente una subametralladora UZI, de inmediato el Gobierno se volvió a enredar con el tema.
Esto, luego que la ministra Tohá, en entrevista con Meganoticias, evitara respaldar a Carabineros, asegurando que “si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa. Pero si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra”.
Estos dichos posiblemente generen una discusión nuevamente, abriendo un flanco de críticas, especialmente de la oposición, pero sobre todo si la Fiscalía decide formalizar al carabinero.
A esto se suma el hecho si efectivamente lo sucedido en San Antonio será revisado en el marco de la Ley Naín-Retamal.
Lo primero que se dijo por parte del Gobierno, que si bien la nueva normativa no estaba publicada en el Diario Oficial el día en que se registró este incidente, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aclaró que es altamente probable que esta beneficie al carabinero.
De hecho, la nueva legislación apareció publicada en el Diario Oficial este lunes a eso de las 06:00 horas, la ley 21.560 o Ley Naín-Retamal.
Cabe recordar que en derecho penal existe el principio pro reo, que en la práctica, apunta a que siempre la nueva ley va a beneficiar a una persona imputada.
No obstante, quedó en evidencia que la primera vez que se retoma el uso de las Uzi, de inmediato hay problemas acerca de la interpretación de una ley que fue aprobada recién, que fue promulgada por el Presidente de la República la semana pasada, y que se realizó al día siguiente del asesinado del carabinero Daniel Palma.
En ese contexto, surgen las dudas si era necesario que hablara Tohá al respecto o era mejor que dejara operar el sistema y que el fiscal investigara, que los tribunales resolvieran. O mejor dicho, si era necesario que se metiera en este nuevo embrollo.
Esto tiene que ver además con las diferencias que hay al interior del conglomerado de Gobierno, donde incluso hubo intentos por acudir al TC por parte del Partido Comunista, algo que no se concretó precisamente debido a su promulgación.
Si bien aún queda por clarificar cómo sucedieron los hechos donde terminó fallecido el joven de 19 años, hasta ahora se sabe que los disparos impactaron al vehículo por la parte posterior cuando escapaba.
Lo confuso del hecho, pone en el tapete el polémico artículo 7 de la nueva ley, que -nuevamente- marcó las diferencias entre las dos almas que hay en la coalición, principalmente por el rechazo de Apruebo Dignidad a la iniciativa.
Así lo dejó más que claro el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, partido del presidente Boric, quien participó en una marcha en contra de la normativa que se discutía en el Congreso, manifestación donde también estuvo la hija de la ministra del Interior, Matilde Salinas Tohá.
Esto se suma a la escasa participación que ha tenido el mandatario en la tramitación de estas leyes, que son parte de las prioridades ciudadanas, superando las reformas estructurales que impulsa el Gobierno.
Ha existido una evidente ausencia del mandatario, exponiendo a la ministra del Interior y Seguridad Pública, deteriorando de paso a Carolina Tohá, porque toda la discusión genera un desgaste en su imagen pública.
Y Tohá, intentando dejar tranquilos a moros y cristianos, con sus dichos genera efectos también en que esta disputa que sigue pendiente, mientras el presidente Boric no la zanje de una vez, aunque quizá, no es capaz de tomar una decisión respecto del uso de armas de fuego por parte de la policía.
Pero también, de continuar las dudas respecto al uso de las armas por parte de carabineros, esto va a provocar problemas para el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tomando en cuenta el descontento que existe entre la “tropa”.
A esto se suma el eventual Estado de Excepción Constitucional, algo que genera resistencia en las Fuerzas Armadas, ya que no quieren involucrarse en temas que corresponden más a seguridad interna, tomando en cuenta que además no hay soldados suficientes.
Ya están saturados con el despliegue en la Macrozona Norte, para controlar el ingreso de migrantes de manera ilegal; y también en Bío Bío y La Araucanía, donde pese a su presencia, continúan registrándose atentados incendiario.
Según ha trascendido, hay una agenda preparada en el caso de que asesinen nuevamente a otro carabinero, donde se decretaría un Estado de Excepción Acotado solo en el eje Américo Vespucio en un sector determinado.
Sin embargo, así como están las cosas, todo apunta a que el debut de la Ley Naín-Retamal está lejos de apaciguar críticas y el denominado “fuego amigo”.