El diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, anunció que van a recurrir al Tribunal Constitucional tras la aprobación de la Ley Naín-Retamal en la Cámara.

“La derecha ha hecho de esto casi pirotecnia, porque no cumple lo que dice. Les quiero decir a todos que mañana nada va a cambiar con esta ley, que no nos engañen”, señaló.

En ese sentido, agregó que “el problema aquí es contra el crimen organizado, contra los narcotraficantes, contra los que tienen las armas. Tenemos que fortalecer la inteligencia, tenemos que perfeccionar más a las policías para poder atacar a ese crimen organizado antes de que se enfrente a Carabineros”.

“Por eso vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, porque hay artículos que nos han dado alertas de todos los sectores (…) que esto pone en riesgo a las personas y también a la institución”, dijo el parlamentario.

Asimismo, explicó que el documento ya está presentado ante la mesa de la Cámara y que están consiguiendo las 39 firmas necesarias para llevar esta ley al TC. De acuerdo a Barrera, algunos artículos de Naín-Retamal son “contrarios a cualquier Estado de derecho”.

Uno de los artículos que más genera molestia es el que hace referencia a la legítima defensa privilegiada. Con las modificaciones del Senado y posterior respaldo en la Cámara, la mencionada norma dice que “se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 4, 5 y 6 en este artículo (legítima defensa), respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando estas realizaren funciones de orden público y seguridad pública interior”.

“En dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa”, se agrega.

Al respecto, también opinó la diputada Catalina Pérez (RD), quien indicó que “sigue sin dar una garantía adecuada para el acceso a la justicia no se narcotraficantes o delincuentes, sino de ciudadanos y ciudadanas. Eso sigue siendo una preocupación”.

“Además, hay algunas normas que incluso hoy día, presentes en otras legislaciones, son constantemente objeto de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”, añadió la vicepresidenta de la Cámara.

Finalmente, anunció que también llevarán estas normas al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre ellas.