La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte Ximena Chong ha decidido citar a declarar a autoridades del Gobierno anterior en una indagatoria por delitos de lesa humanidad durante el denominado estallido social.
En concreto, la movida apunta al expresidente Sebastián Piñera, su defenestrado ministro del Interior, Andrés Chadwick; el sucesor en el cargo, Gonzalo Blumel; más Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, subsecretarios de esa cartera.
De acuerdo a La Tercera la citación fue en calidad de imputados ya que fueron querellados en una acción del exsenador Alejandro Navarro, interpuesta y admitida a trámite por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en diciembre de 2019, y porque la Fiscalía abrió una investigación al respecto.
Chadwick declaró este viernes, Blumel debería hacerlo el 5 de abril y Galli al otro día.
Los representantes del exmandatario y de Blumel también se refirieron en conversación con La Tercera acerca de la situación de ambos.
El abogado Samuel Donoso, por Piñera, dijo que tienen “la tranquilidad y convicción que en el actuar del expresidente siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los Derechos Humanos de todos”.
“En consecuencia, no se configura delito alguno. Por el contrario, los hechos demuestran que su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los Derechos Humanos, en los difíciles momentos que vivió el país”, agregó.
Eduardo Riquelme, en tanto, dijo que junto a Blumel “hemos sido citados a declarar por causas originadas en las querellas presentadas por dirigentes cercanos o afines al PC, y puedo decir que, como siempre, declarará y prestará toda la colaboración en la investigación, tal como hizo ante la fiscal Claudia Perivancich en 2020″.
Esta semana, el lunes, Chong concretó otra diligencia en el marco del estallido social: tras meses de espera al fin pudo interrogar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, pero este guardó silencio.
En su caso se trata de una indagación no formalizada por presuntos delitos de omisión en apremios ilegítimos cuando fungía como director de Orden y Seguridad.