La mañana de este jueves, en la reunión de comités del Senado, los parlamentarios decidieron aplazar la votación de la Ley Naín-Retamal de hoy al martes.
En la instancia hubo consenso casi unánime, menos del Partido Republicano. Al respecto, el senador Rojo Edwards manifestó estar “absolutamente indignado”.
De todos modos el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la Comisión de Seguridad, confirmó que en ese grupo citará lo antes posible una sesión para emitir un informe que esté listo de cara al martes y el debate en Sala.
Al respecto, el senador Jaime Quintana (PPD) afirmó que “si esto se hubiera aprobado hoy sin escuchar a ningún especialista, al Gobierno, sin recoger las indicaciones de senadores, eso pasa a llevar la reglamentación del Senado y los derechos que tienen los miembros”.
“Aquí tenemos un ‘tsunami comunicacional’. No lo digo yo, lo dijo un senador de oposición. Aquí estamos actuando bajo la lógica de presión de unos medios de comunicación, no de la evidencia”, agregó.
“Esta no puede ser una discusión de matinal, con todo el respeto. Tiene que ser seria, porque es la seguridad del país lo que está en juego cuando estamos experimentando una realidad criminal pocas veces vista”, zanjó.
De acuerdo a Quintana, en cuanto a indicaciones, el Gobierno habría tenido en carpeta mucho antes del asesinato del cabo Álex Salazar, en Concepción, presentar las reglas del uso de la fuerza.
“Nos parece razonable, pero habría que mirar los detalles, tanto para las policías en el uso de armamento letal como para la Fuerzas Armadas”, comentó.
Aunque, en conversación con CNN Chile, la senadora Paulina Núñez (RN) se manifestó en contra del “populismo penal”, la legisladora dijo estar molesta por el aplazamiento de la votación y aclaró querer avanzar con todos los proyectos en tabla para esta jornada.
Pese a eso ya se zanjó que seis medidas que vienen desde la Cámara se revisen hoy y la Ley Naín-Retamal será el martes, hasta total despacho.
El debate en el Congreso, y en particular lo que tensiona las conversaciones, es el artículo sobre la legítima defensa privilegiada.
Eso establece una presunción de inocencia en favor de Carabineros y otros efectivos policiales a la hora de repeler delitos, por ejemplo, con el uso de sus armas de servicio.